El Gobierno pide, con razón, unidad política en la guerra contra el COVID-19, pero la desunión la tiene dentro. Incumpliendo el aislamiento que afecta a los posibles infectados, pero no a Iglesias al parecer, fue el vicepresidente quien, en el decisivo Consejo de Ministros del sábado pasado, no solo defendió la delirante pretensión de los nacionalistas vascos y catalanes (que los poderes excepcionales del estado de alarma los ejercieran en el País Vasco y Cataluña los gobiernos autonómicos), sino quien quiso aprovecharse de una crisis sanitaria que estaba ya provocando gravísimos estragos para sacar adelante una de las ensoñaciones radicales de Podemos: nacionalizar empresas. De hecho, la formidable gresca entre Podemos y PSOE -con amenaza de dimisión de la ministra Calviño incluida- obligó al Consejo de Ministros nada más y nada menos que a posponer hasta ayer la adopción de medidas económicas que tenían una urgencia extraordinaria e inaplazable.
El Gobierno pide, con razón, responsabilidad a los ciudadanos, a las entidades sociales y a los demás poderes públicos, pero, a medida que se van conociendo más detalles sobre su comportamiento y diligencia, parece más claro que es la propia responsabilidad del Ejecutivo en los momentos iniciales de la crisis sanitaria la que ha quedado seriamente en entredicho. Según publicaba ayer un diario de Madrid, el Gobierno tenía desde principios de marzo, a través del Departamento de Seguridad Nacional de la Moncloa, información de la gravedad creciente de la crisis sanitaria. El 3 de marzo, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades europeo informaba, según el citado departamento, de que el riesgo de aparición de grupos similares a los de Italia era ya de moderado a alto y de que era necesario «promover medidas de distanciamiento» y «evitar actos multitudinarios». Pero el Gobierno, que, como es bien sabido, estaba el domingo todavía centrado en otra cosa -las grandes manifestaciones del día 8-, no adoptó ninguna de las medidas recomendadas sino todo lo contrario: se limitó a pedir, mediante especialista interpuesto, calma a la población y no fue capaz de reaccionar, ya con evidente retraso, hasta que una auténtica avalancha de realidad se llevó por delante su vana ilusión de que el COVID-19 se comportaría en España de un modo diferente a como lo venía haciendo desde hacía semanas en otras latitudes.
El Gobierno pide, con razón, solidaridad territorial, pero los únicos que se la niegan son los partidos nacionalistas que, gobernantes en el País Vasco y Cataluña, hicieron a Sánchez presidente. Y ello hasta el punto de que si, como parece muy probable, hubiera que prorrogar el estado de alarma, prorroga que necesitaría el voto favorable del Congreso, el Ejecutivo socialista-podemita tendría que contar con el apoyo del PP y de Ciudadanos. Uno y otro, y las comunidades autónomas que gobiernan, están demostrando una lealtad institucional que brilla por su ausencia en todas las fuerzas hoy aliadas del PSOE.