Hace más de 160 años, tal día como hoy pero del año 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York, bajo el lema «Pan y rosas», en protesta por las míseras condiciones laborales que padecían, para reivindicar un recorte del horario y para terminar con el trabajo infantil. Fue una de las primeras manifestaciones en la lucha por sus derechos.
Ahora, tanto tiempo después, se hace necesario reflexionar sobre la verdadera eficacia del derecho a la igualdad, consagrado en nuestra Carta Magna, sobre todo en relación con el derecho penal, los delitos de violencia de género y aquellos que atentan contra la libertad sexual.
En tiempos del «Me too», «Solo sí es sí» y «Hermana yo sí te creo», el movimiento social (llamémoslo feminista) está ejerciendo una indudable presión sobre operadores políticos, legislativos y jurídicos para adecuar la legislación y las prácticas judiciales a una realidad alarmante que ya ha dejado, en lo que va de año, 14 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Solo con esta presión social se pueden conseguir cambios tales como la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en la sentencia de la Manada o la ley de libertad sexual, aún pendiente de aprobar.
Como profesional de la abogacía, mi experiencia es que no existe especialización en las instituciones médicas, policiales ni judiciales para dar una respuesta eficaz a los problemas de violencia de género.
Mientras las campañas publicitarias animan a las mujeres a denunciar «al primer síntoma de maltrato», la realidad es que no vale solo con eso. Cuando una mujer acude a una comisaría a denunciar debe ser atendida por profesionales que hayan recibido una formación específica en violencia y que les permita, desde un primer momento, abordarla desde una perspectiva de género. Cuando una mujer acude a la sede policial lo hace con una importante carga emocional y psicológica (miedo) que la hace vulnerable. Algo que, sin duda, va a influir en su testimonio, que quedará reflejado en la denuncia, piedra angular sobre la que discurrirá luego el procedimiento penal.
La especialización debe extenderse también a los servicios médico forenses de los juzgados, para que puedan atender con profesionalidad los temas de violencia y puedan determinar los indicadores de maltrato de la víctima, ya sean físicos o psicológicos, así como la credibilidad de su testimonio. Los juzgados deben abandonar la práctica habitual, basada en el estereotipo, de dudar sistemáticamente del testimonio de las víctimas, sin aplicar la empatía necesaria y sin darles los mecanismos adecuados para que puedan expresarse con garantías y sin miedos.
Es fundamental que todos los operadores institucionales (médicos, policiales y judiciales) se pongan las gafas violetas para dar una solución eficaz al problema de la violencia de género. Si no es así, se dejará a las víctimas totalmente desprotegidas. Y para ello es necesario que la sociedad siga demandando lo que considera justo, que siga reivindicando un sistema garantista e igualitario. Como ya dijo Emily Dickinson, «ignoramos nuestra propia estatura hasta que nos ponemos de pie».