El último informe sobre las pensiones de jubilación arroja datos sorprendentes en lo relativo al importante descenso experimentado en el año 2019. Tres razones pueden ser la causa:
En primer lugar hay que recordar que en el año 2018 finalizaba la prórroga de la conocida como cláusula de salvaguarda para acceder a la jubilación anticipada en mejores condiciones, cláusula que el Gobierno prorrogó in extremis. Es por ello que solo en el mes de diciembre del 2018 se registraron hasta 50.000 solicitudes de jubilación de personas que temían perder las condiciones más ventajosas.
En segundo lugar, también ha tenido incidencia la medida acordada el 8 de marzo del 2019 por la cual los beneficiarios del subsidio de desempleo de larga duración ya no están obligados a jubilarse en el momento en que cumplen la edad de jubilación anticipada, pudiendo retrasar el acceso a la jubilación.
En tercer lugar, es relevante también el hecho de que no exista jubilación forzosa apenas en ningún convenio colectivo, lo que permite que los trabajadores, ante el incremento de la edad de jubilación, prolonguen su vida laboral para acceder a una mayor prestación.
La incertidumbre generada sobre el acceso a la jubilación anticipada ha favorecido el incremento de las jubilaciones estos últimos años. Superado esto, los que no cumplen el requisito para acceder a la jubilación anticipada, por no ser de aplicación la anterior normativa, se ven obligados a esperar con el fin de obtener una mayor prestación. En todo caso, que un trabajador opte, en vez de jubilarse, por percibir el subsidio para poder incrementar su futura prestación de jubilación no evidencia nada positivo de nuestro sistema de pensiones; tampoco es positivo que el trabajador prolongue sine die su vida laboral en la empresa por afianzar una mejor prestación. Porque detrás de todo esto nos encontramos con un deficiente sistema de pensiones, que no garantiza a la persona en edad de júbilo acceder a una prestación que vaya a atender sus necesidades.