Después de más de un año de debate acerca de la necesidad de regular el fenómeno de los llamados vehículos de movilidad personal (VMP), y sin que todavía contemos con una verdadera regulación general (una instrucción como la emitida en diciembre por la DGT no cumple los requisitos mínimos para serlo), varias noticias aparecidas en la prensa y las redes sociales invitan otra vez a la reflexión acerca de estos vehículos. Días atrás La Voz nos informaba de que la policía había detenido al conductor de un patinete eléctrico que circulaba erráticamente por el Orzán, con cinco veces la tasa de alcoholemia permitida. Algún tiempo antes, habíamos conocido el caso de un patinador que guiaba su vehículo por las calles de Vigo, después de un atracón de opiáceos y anfetaminas. Lo peor es que la conducta parece estar reproduciéndose en muchas otras ciudades de España. Basta con introducir las palabras «alcoholemia», «patinete» y «eléctrico» para que el buscador Google te devuelva 48.300 resultados en su apartado de noticias. Se trata de una realidad que no se daba hace un año, cuando empezamos a preocuparnos de los VMP, lo cual, por una parte, nos indica la rápida evolución y consolidación del fenómeno, pero por otra hace pensar en el peligro que podrían suponer los nuevos vehículos.
Desde el punto de vista del Derecho, la gestión del riesgo que generan los patinetes sigue en lo sustancial en manos privadas. Más allá de lo decidido por la instrucción de la DGT, que en términos sintéticos lo que hace es equiparar a estos vehículos a las bicicletas, y sin perjuicio de las normas que han aprobado algunos ayuntamientos, todos los demás aspectos que rodean al uso de los VMP y a sus consecuencias se gestionan por los propios usuarios. En líneas generales, son ellos los que lícitamente deciden qué vehículo van a conducir, qué dispositivos de seguridad utilizarán, el momento de su vida en el que pueden empezar a circular -o dejar de hacerlo-, el nivel de conocimientos de seguridad vial que les conviene poseer y la forma de asegurar los daños que ellos mismos podrían sufrir o causar a terceros. Si usted es atropellado por un patinete y resulta gravemente herido, son esas decisiones privadas las que -en el caso, claro está, de que pueda localizar al conductor- van a determinar sus posibilidades de conseguir una indemnización. En el momento actual, los patinadores con mayor aversión al riesgo -aquellos que han contratado voluntariamente un «seguro de patinetes»- rara vez tienen cubiertos los daños a terceros por encima de los 150.000 euros. No hay que hacer muchas cuentas para darse cuenta de que, en un accidente con lesiones graves, esto no llega ni para empezar. La pregunta que debemos hacernos, en mi opinión, es si este modelo de gestión del riesgo es el que queremos, porque el peligro de los VMP no es tan grande como parece, o si convendría que el Estado decidiese sobre alguno de los aspectos que hoy eligen libremente los particulares.