Libertad de expresión y franquismo


Desde la Vicepresidencia primera del Gobierno se ha anunciado una reforma penal para tipificar como delito la exaltación y apología del franquismo. La creciente atención que ha experimentado en la actualidad los rescoldos del régimen dictatorial que impuso en nuestro país el general Franco, se pretende ahora trasladar al Código Penal. Una reforma que, a mí juicio, no encuentra justificación ni por su necesidad, ni mucho menos por las consecuencias que podría llegar a producir en el contenido esencial del derecho fundamental a la libertad de expresión.

En el ordenamiento jurídico español existe ya el delito de odio, concretamente en el artículo 510 del Código Penal. Un delito que fue adoptado por la reforma llevada a cabo por la ley orgánica 1/2015. Esta supuso la transformación de los comportamientos del discurso de odio que serán punibles y la introducción de un nuevo delito contra formas intolerables de ser o de pensar que justifican la intervención del derecho penal en relación con conductas amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

Pues bien, en los escasos cinco años transcurridos desde la vigencia de esta nueva tipificación delictiva, las resoluciones judiciales que lo han aplicado, en su gran mayoría han decretado el archivo de las actuaciones realizando una interpretación restrictiva del precepto, primando la libertad de expresión.

Por consiguiente, la reforma ya introducida en el Código Penal ha supuesto una transformación de los comportamientos de discurso de odio que son ahora punibles. También ha supuesto una armonización y ampliación de los motivos de discriminación en los diferentes tipos penales, y, además, ha posibilitado la creación de un nuevo delito contra la integridad moral por motivos discriminatorios. Por tanto, no tiene ningún sentido introducir un nuevo «obstáculo» penal a la libertad de expresión con el castigo de los actos de exaltación del franquismo.

Los discursos del odio, que se definen en esa apología franquista, tras la reforma en los artículos 510 y 510 bis del Código Penal, hay que considerarlos bajo el epígrafe «De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución».

Una nueva regulación punitiva de la difusión de ideas o doctrinas como el franquismo nos volvería a conducir a un debate -perdido de antemano- sobre los requisitos para que sea compatible su persecución penal con los derechos constitucionales de libertad de expresión y libertad ideológica y de conciencia.

Las finalidades de las reformas se justifican en la necesidad de dar respuesta a determinadas conductas individuales o grupales consideradas merecedoras de sanción penal. La ponderación de una evidente colisión con el derecho fundamental a la libertad de expresión, de esta iniciativa debería hacer que fuera reconsiderada. Pues, cuanto más se amplíe el campo de aplicación del delito, que ya existe, hacia esas conductas franquistas, menor es el campo de actuación que tiene la libertad de expresión.

Y sería paradójico dejar en manos de aquellos enemigos de las libertades, la defensa ahora de la libertad de expresión.

Por Alfonso Villagómez Magistrado y doctor en Derecho por la USC

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