Una de las notas políticas de la semana que hoy termina ha sido la recuperación por el Gobierno del espantajo franquista. Carmen Calvo anunció decisiones justas, como la de ayudar económicamente a la recuperación de restos de víctimas. Y anunció otras francamente discutibles, como la tipificación como delito de la apología o exaltación del régimen de Franco. En conjunto, una serie de acciones con aires de justicia y otras que han sonado a revisionismo.
Este cronista confiesa su sorpresa, porque pensaba que la operación de imagen del Gobierno había terminado con el traslado de los restos de Franco a Mingorrubio y todo el ceremonial de relaciones públicas y las televisiones en directo. Las elecciones estaban cerca, los votos estaban ya conquistados y de quedar algo, quedaban el Pazo de Meirás y el Valle de los Caídos, de incierto destino. Pues me equivoqué: para el momento que Carmen Calvo vea procedente -supongo que será después de la ley de eutanasia- este Gobierno renovará la Ley de Memoria Histórica, expulsará a los benedictinos del Valle de los Caídos aunque se desconozca el destino de la basílica y el convento, porque el caso es echar a los frailes, y el colofón de la barrida será aprovechar la reforma del Código Penal para la mencionada apología. Adriana Lastra lo justificó así: en una democracia no se ensalza a tiranos ni dictadores.
Es verdad, pero con una objeción temporal: no parece muy lógico que no sepamos qué pasos dará el Gobierno para fomentar crear empleo, ni para corregir las injusticias sociales, ni para resolver los problemas del campo. Pero sí sabemos con todo detalle cuál es su hoja de ruta contra el franquismo y sus restos. ¿De verdad están siendo un peligro para la democracia? ¿De verdad hay tantos actos de exaltación y apología como para llevarlos al mismo Código Penal que rebajará las penas por sedición? ¿O será que, como también se ha escrito, los socialistas pretenden tapar con estos debates las decaídas expectativas económicas del país?
No creo en esas maniobras de ocultación ni en el peligro real de exaltación de la dictadura, pero si el PSOE lo detecta, será que existe; mucho más, por lo visto, que cuando había un ejército que tenía su guía «espiritual» en el testamento de Franco, enmarcado en las salas de banderas de los cuarteles; incluso más que cuando gobernaba Felipe González, que había muchos más franquistas supervivientes. A ver si convencen a militantes de izquierda como Íñigo Errejón, hijo de represaliado, que considera que un error esa tipificación. Y a ver si convencen a todos los juristas, y nada fachas por cierto, que advierten del auténtico riesgo de crear ese delito: el de no respetar la libertad de expresión.
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