10.000 millones «limpios»


El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos servirá como base para la acción del Ejecutivo que acaba de echar a andar. Y en las 50 páginas de este documento elaborado por la coalición progresista que habita en la Moncloa se compromete un objetivo transversal: la lucha contra la contaminación.

Primero en Europa y luego en España, la declaración de emergencia climática es una consecuencia de haber saltado todas las alarmas. Y después de que las emisiones de gases de efecto invernadero, uno de los objetivos fundamentales del marco de clima y energía para 2030, estén muy lejos del objetivo europeo de reducción del 40 % y del 26 % para España en relación con los niveles de 1990, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han comprometido a aprobar una ley de cambio climático y transición energética, y a fijar objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero y energía para vertebrar las políticas energéticas y de transporte.

Otro objetivo será alcanzar en el 2050 una generación de electricidad con origen 100 % renovable, y entre el 85 % y el 95 % en el 2040. Otras de las promesas gubernamentales son la elaboración de una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público o la puesta en marcha de un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico. En este sentido, expertos del sector automovilístico como Sumauto señalan que en apenas cinco años más de la mitad de las ventas serán de híbridos y eléctricos.

Estos grandes desafíos invitan a aprobar una reforma fiscal verde con la que, según nuestros cálculos, el dióxido de carbono podría reducirse anualmente en torno al 3 % con respecto al año 1990, tomando como base el protocolo de Kyoto.

En este escenario convendría crear un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, con el que podrían recaudarse más de 10.000 millones de euros al año en España y, así, compensar el «agujero» superior a los 6.000 millones de euros que sufre nuestro país en la imposición medioambiental respecto a la media europea.

Desde Gestha defendemos una equiparación progresiva de la tributación del gasóleo A, puesto que su gravamen es 9,8 céntimos inferior al de la gasolina 95 sin plomo, un 19,8 % menor. Recordemos que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2019 -rechazado- el Gobierno establecía un período transitorio que permitiera una adaptación progresiva, y calculaba que subiendo la tributación del impuesto especial sobre el gasóleo A en 3,8 céntimos en una primera fase podrían ingresarse 670 millones de euros.

El sector automovilístico, en aras de impulsar la renovación del parque, lleva años recibiendo planes de incentivos con capacidad de generar retornos de hasta 2,5 veces lo invertido por el Gobierno. Pero, en realidad, son las medidas de corte fiscal, en la mayoría de las ocasiones, las idóneas para provocar cambios estructurales. Y es que cumplir el principio de que quien contamina paga ayudaría a establecer un marco de responsabilidad medioambiental y a propiciar cambios de conducta en los ciudadanos. Que falta hacen.

Por José María Elizalde Portavoz de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)

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10.000 millones «limpios»