Lo primero que hay que decir en el conflicto que enfrenta a las comunidades autónomas con el Gobierno central, a causa de los 2.500 millones del IVA de diciembre del 2017 que les debe, es que las autonomías tienen razón. La tienen, simple y llanamente, porque esas son las reglas del juego establecidas, que obligan a las dos partes y, por tanto, tienen que cumplirse.
La situación económica y política en España no está como para abrir nuevos frentes institucionales entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos. La economía española se desacelera. Los datos de empleo y paro que vamos conociendo son cada vez peores. Y las incertidumbres sobre el futuro de la economía internacional, de la que tanto depende España se acrecientan tras el inicio formal del Brexit y, sobre todo, tras el caso del coronavirus chino, cuyo alcance en términos económicos, políticos y de salud todavía desconocemos. Este escenario, por tanto, exige de un entendimiento institucional, no de otro enfrentamiento que deteriore aún más la situación y acabe provocando una nueva crisis contra la que apenas tenemos instrumentos de defensa, debido a nuestros elevados niveles de déficit presupuestario y de endeudamiento público.
El Gobierno no puede seguir utilizando el gasto público para sus fines políticos . Menos aún si eso significa detraer recursos de las autonomías, como es este caso
Precisamente por ello, ahora lo que toca es racionalizar el gasto. El Gobierno no puede seguir utilizando el gasto público para sus fines políticos particulares. Menos aún si eso significa detraer recursos de las autonomías, como es el caso que nos ocupa. Las comunidades autónomas tienen que seguir ejerciendo su labor, porque prestan servicios fundamentales, como sanidad y educación, y, en cualquier caso, tienen que pagar las facturas a unos proveedores que, si no cobran, suspenden pagos y quiebran. Eso es lo que hay que evitar, porque agravaría la situación económica. Esto no quita para que las autonomías no deban también racionalizar su gasto, que pueden y tienen que hacerlo. Pero una cosa es eso y otra muy distinta que se vean abocadas a problemas fiscales a causa de que el Ejecutivo central gasta lo que tiene y lo que no tiene.
Esta situación pone de relieve, nuevamente, la necesidad de acometer una reforma drástica del sistema de financiación autonómica. Se trata de que las autonomías puedan recaudar sus propios recursos, para evitar situaciones como las actuales. Y, también, de que rindan cuentas a los ciudadanos acerca de en qué gastan el dinero, porque también despilfarran muchos recursos mientras, en muchas de ellas, la sanidad y la educación se encuentran en un estado lamentable.