Cataluña lleva ya ocho años sumida en la locura instaurada por el independentismo, que además de un gravísimo deterioro económico ha generado una degradación institucional y hasta moral que sufren unos ciudadanos cuyos problemas son lo último en lo que piensan unas fuerzas secesionistas que libran una lucha feroz por el poder. Parecía imposible superar el desvarío. Pero el esperpento protagonizado ayer por Joaquim Torra supera todos los grados de ridículo, hasta el punto de que la única reacción posible ante semejante desfachatez es sentir vergüenza ajena. Desde que en el 2012 Artur Mas trató de esconder detrás de una bandera su desastrosa gestión política y económica, hemos visto de todo. Pero que un presidente de la Generalitat inhabilitado anuncie que antes de convocar las elecciones quiere aprobar unos Presupuestos que él ya no gestionará, y que diga que va a sentarse el próximo jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para comprobar «su voluntad de poner fin a la represión» es una extravagancia que hace aún más indigna la salida de quien era ya un cadáver político andante.
El problema es que Torra es solo un fantoche manejado por un prófugo de la Justicia como Carles Puigdemont, que será quien le ordene la fecha de las elecciones en función únicamente de sus intereses. Por eso resulta injustificable que Sánchez insista en habilitar políticamente a quien no representa ya a los catalanes. El líder del PSOE ha sido burlado una vez más por el independentismo. Y sería una humillación para la democracia que se reuniera este jueves con alguien condenado por desobediencia e inhabilitado como diputado, que tacha de «represor» al Estado español y que piensa utilizar esa cita como un acto de campaña electoral reivindicando ante el presidente del Gobierno la amnistía, la autodeterminación y la libertad de los condenados por sedición.
La ruptura entre Junqueras y Puigdemont era algo perfectamente previsible. Y eso agrava la irresponsabilidad de que Sánchez se empeñara en ser investido gracias a los votos de ERC y pusiera en sus manos la estabilidad de su Gobierno. El resultado, como se ha visto, es que lo que ha hecho es poner el futuro de España en manos de Puigdemont, porque difícilmente apoyará ERC los Presupuestos del Estado en plena campaña electoral catalana. El problema no es que los planes políticos de Sánchez naufraguen, sino que todas sus concesiones al independentismo -que van desde el escándalo de reformar el Código Penal con los votos de quienes se van a beneficiar de esa reforma para ser excarcelados, hasta afirmar que en Cataluña hay un «conflicto político»- son trofeos que el independentismo se ha cobrado ya gratuitamente sin renunciar a nada. Torra es un desecho político. Un fantasma con el que ningún presidente del Gobierno con dignidad puede sentarse. Pero Junqueras, que acaba de garantizar que volverá a celebrar un referendo ilegal, y ERC, que ayer mismo dijo que su enemigo es el Estado, no pueden seguir siendo socios del Gobierno. Sánchez debe reconocer que ha sido estafado y rectificar de inmediato.