Tics autoritarios en el nuevo Gobierno


La ley por sí sola no basta». Si uno se lee los 36 folios del discurso de investidura de Pedro Sánchez no encontrará ahí un programa de Gobierno, sino un conjunto de generalidades, buenos deseos y lugares comunes que impiden hacerse una idea de cuál es su proyecto para España. En ese discurso trivial, sin embargo, el líder del PSOE deslizó la inquietante frase con la que arranca este artículo y con la que, más que sobre el fondo, da las claves sobre la forma en la que se propone gobernar. Dos semanas han bastado para comprobar que tras esa declaración se esconde el deseo de que ni las instituciones, ni los tribunales, ni el propio Estado de derecho pongan límites a la acción de su Gobierno. Que el pensamiento de Sánchez es mobile qual piuma al vento es cuento largo. Pero, ya en el Gobierno, esa volubilidad ha degenerado en una sensación de impunidad que hace que él y sus ministros ofrezcan preocupantes muestras de tics autoritarios.

Gestos como dejar la Fiscalía General del Estado en manos de su ex ministra de Justicia; deslegitimar a la Junta Electoral Central; defender los ataques de Pablo Iglesias a la Justicia española y los medios de comunicación; anunciar que se reunirá con Joaquim Torra cuando ya estaba inhabilitado como diputado o plantear una reforma del Código Penal para sacar de la cárcel a los lideres del procés mediante un proyecto de ley presentado por el PSOE en el Congreso, y no como una iniciativa del Gobierno, obviando así cualquier pronunciamiento de los órganos judiciales, dejan claro que para Sánchez no hay más poder que el Ejecutivo, al que deben estar sometidos el Judicial y el Legislativo. Pero esos resabios autoritarios y esa sensación de impunidad se manifiestan también en actitudes como la de José Luis Ábalos. «Yo vine a la política para quedarme y a mí no me echa nadie». Eso respondió el ministro cuando se le pidieron explicaciones tras ofrecer cuatro versiones, todas inverosímiles, de su reunión con la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez.

Qué pretende Sánchez dando trato de privilegio a la moribunda tiranía venezolana es algo que resulta inexplicable. Pero solo desde el punto de vista de quien se cree impune se puede permitir que un ministro se reúna en secreto con una dirigente a la que la Unión Europea acusa de atentar contra los derechos humanos, que tiene por ello congelados todos sus fondos y que ni siquiera podía haber aterrizado en España porque tiene prohibido entrar en territorio europeo «incluido su espacio aéreo». Y solo quien se cree por encima del bien y del mal puede, como ha hecho Sánchez, negarse a recibir a Juan Guaidó, al que la UE reconoce como el presidente encargado de Venezuela. Pero una cosa es despreciar a las instituciones españolas o romper los compromisos internacionales y otra que la Justicia no actúe. Le basten o no a Sánchez, las leyes siguen vigentes. En Cataluña y en la UE. Su cumplimiento no puede supeditarse ni a sus intereses ni a los de sus socios de Unidas Podemos y ERC. Gracias a las leyes, Torra no es diputado y Sánchez tendrá que dar explicaciones a sus socios europeos.

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