El presidente del Gobierno se ha ganado a pulso el título de gran estrenador: fue el primer candidato a la investidura propuesto por el rey sin haber ganado las elecciones; el primero en sacar adelante una moción de censura, legalmente constructiva, pero políticamente destructiva; el primero en ser rechazado en la investidura, donde su récord es insuperable: cinco derrotas; el primero cuyo fracaso en la investidura dio lugar, no a una, sino a dos disoluciones de las Cortes; el primero en formar en España dos mayorías Frankenstein; y el primero en pactar su investidura con los herederos de una banda terrorista.
Si la reforma del Código Penal que Sánchez ha anunciado culmina con la rebaja de las penas previstas en él para el delito de sedición, el presidente del Gobierno será también el primero en hacerse responsable de un fraude político de descomunal envergadura: conceder de forma encubierta un indulto general, expresamente prohibido por la Constitución, a través de una triquiñuela legal auténticamente vergonzosa.
Entre las facultades del Gobierno está, como es sabido, la de ejercer la prerrogativa de gracia, lo que habrá de hacerse, previa petición de los interesados o de quien lo solicite en su nombre, con arreglo al procedimiento previsto a tal efecto. Ocurre, claro, que, si tras el cumplimiento de los trámites oportunos el Consejo de Ministros concede el indulto a un penado, el Gobierno asume la responsabilidad política que de él pudiera derivarse.
Sabedor el Gobierno de la gran impopularidad y por tanto del alto coste que tendría indultar a los castigados por sedición, es decir, por haberse «alzado pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes», según dispone el Código Penal, ha decidido reformarlo para rebajar así las penas impuestas hace meses a los dirigentes secesionistas hoy encarcelados. Y es que, en aplicación del principio de la retroactividad de la ley penal más favorable, la rebaja de las penas en el Código Penal redundaría de inmediato en beneficio de los reos separatistas castigados por sedición.
El Gobierno, que prometió en octubre del 2019 que no habría indulto y proclamó que la amnistía está prohibida «en la Constitución española y en todas las democracias», se propone, como en tantos otros casos, burlar sus promesas con un juego de trileros. Pero, en este caso, la prueba del algodón (que no engaña, como en el anuncio) es concluyente: dado que la reforma del Código Penal ha de aprobarse por ley orgánica (176 votos a favor en el Congreso) habrá de negociarse con ERC, cuyo eventual apoyo (¡ERC defendiendo el castigo por sedición!) será demostración irrefutable de que su objetivo no es otro que lograr un indulto políticamente fraudulento. Con la reforma del Código Penal Sánchez pondría en manos de los sediciosos la llave de su celda: un gran engaño a todos los españoles y un baldón que quedaría para siempre en la historia del Gobierno, de su presidente y del PSOE.