O el Gobierno lo ha hecho muy bien, o la derecha lo ha hecho rematadamente mal. Pero con un Ejecutivo que descalifica a la Justicia, con una exministra que pasa en un día de ser diputada del PSOE a fiscala general del Estado y con un pacto con los independentistas de ERC que nadie ha aclarado, el Ejecutivo ha logrado ya en una semana que el debate se centre en algo tan ridículo como dilucidar si los hijos son de los padres, del Estado o del espíritu santo. El trazo grueso sobre el pin parental, con apelaciones incluso a la aplicación del artículo 155, deja claro que tanto a Vox como al Ejecutivo les interesa mantener la polémica en una cuestión que España tiene ya superada.
La educación sexual, el respeto a todas las formas de sexualidad, la igualdad o la instrucción en valores constitucionales deben ser materias obligatorias en la educación pública y ningún padre puede alegar cuestiones morales, religiosas o ideológicas para que su hijo no las reciba. Es más, esas materias son un eje principal en la educación de menores y adolescentes. Y, por tanto, no solo deben estar en el currículo, sino que deberían ser asignaturas troncales y no ser consideradas jamás unas marías. Ello implica que los colegios públicos deben contar con profesorado capacitado para impartir esas materias y formado en la enseñanza de unos temarios que tendrían que ser comunes a todos los alumnos, independientemente de en qué comunidad residan.
Es obvio que si todo esto se cumpliera no habría ninguna necesidad de que personal ajeno a los colegios y sin titulación para ejercer el magisterio impartiera talleres complementarios sobre estas cuestiones que son evaluables, como no es necesario que nadie que no sea el profesor dirija actividades sobre matemáticas o lengua. Si nos creemos de verdad que la educación en la sexualidad y la tolerancia son tan importantes o más que el resto de materias, no se pueden dejar en manos ajenas al profesorado y a los propios centros, porque eso implica estigmatizarlas. Hacer que se impartan por los maestros, con temarios claros, definidos y comunes y que sean asignaturas obligatorias del currículo acabaría de raíz con la polémica creada por Vox, alentada desde el Gobierno y magnificada por el PP.
Es cierto que el Ejecutivo no lo pone fácil a la hora de que muchos padres confíen en lo que se les va a enseñar a sus hijos en materia de igualdad o diversidad sexual cuando nombra directora del Instituto de la Mujer a Beatriz Gimeno, que defiende que «la heterosexualidad no es la manera natural de vivir la sexualidad» y que «penetrar analmente a un hombre con un dildo» fomenta la igualdad, o directora de Diversidad Sexual y LGTBI a Boti García, que, entrevistada por el ahora vicepresidente Pablo Iglesias, admite que siendo profesora mantuvo una relación con una alumna suya de 17 años. Es necesario normalizar la educación sobre sexo e igualdad sin ligarla a ideologías y sin dejarla en manos de colectivos ajenos al colegio. Y también que los partidos dejen de utilizar a los niños como una mercancía de confrontación política.