Dos mujeres viven


Domingo, 2 y 25 de la madrugada. La Sala del 091 comisiona al indicativo Z-180 del distrito de Villa Vallecas para que se persone en la calle Caranavajos, número 12, donde al parecer, y según comunica la requirente, el novio de su hija quería quemarla viva. Dos policías nacionales acuden a la mayor brevedad al auxilio, personándose en el lugar a los pocos segundos de la llamada. Una vez en el domicilio son sorprendidos por el agresor, quien cuchillo en mano y de forma inesperada y sorpresiva trata de acabar con la vida de los agentes, apuñalándolos en pecho y cara. Gracias a la rápida intervención de los actuantes no estamos hablando de una nueva víctima de violencia de género.

Precisamente, este tipo de intervenciones son de las más complejas para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por un lado está el riesgo físico de enfrentarse a individuos que, comúnmente, se encuentran bajo la ingesta de alcohol u otras sustancias que actúan como precipitantes de la agresión, personas que se vuelven violentas cuando observan que la situación de dominio que ejercen contra sus parejas comienza a no funcionarles y que suelen ser reincidentes en sus actos. Un riesgo que se acentúa en espacios cerrados y achicados, en los que la dificultad para controlar la situación se incrementa. Otro de los elementos que complica nuestra intervención es la inseguridad jurídica a la que nos enfrentamos. Debemos proteger a la víctima, garantizando también los derechos del presunto agresor. En muchas ocasiones nos encontramos con el agravante de que la maltratada es contraria a presentar denuncia o incluso a manifestar a los policías la agresión sufrida, teniendo que obtener indicios suficientes para proceder a la detención y poner a disposición del juzgado al investigado. En pocos minutos tenemos que tomar una decisión, posteriormente examinada durante meses por tribunales rodeados de múltiple jurisprudencia. En esas intervenciones, más que en cualquier otra, nuestra seguridad jurídica está en riesgo. No proceder contra el presunto maltratador podría poner en peligro a la víctima y privarlo de libertad hace que tengamos que motivar muy bien la actuación. Los policías estamos para cumplir y hacer cumplir la ley y en esa trascendental misión necesitamos el amparo jurídico y de medios de defensa necesario. Dos compañeros, dos héroes sin capa, han estado cerca de perder su vida. No dudaron en anteponerla para proteger la de los demás. Gracias a ellos, hoy dos mujeres viven.

Por Roberto González Rodríguez Secretario federal de Galicia del Sindicato Unificado de Policía (SUP)

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