La paradoja gallega de la autopista


Las novedades estriban en la dimensión política institucional que desde el año 2014 ha envuelto nuestra autopista. Entonces el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, hizo llamamientos a la rebelión de los usuarios y públicas sus denuncias al Ministerio de Fomento, con reclamaciones de traspaso de la titularidad a la Xunta e incluso el rescate de la concesión.

Dos años después, con la nueva venta de Audasa, concesionaria de la autopista, las reivindicaciones del presidente de la Xunta se volvieron a oír: «Es un error que el Gobierno no nos transfiera la AP-9».

Cuando Aznar amplió la concesión de la autopista del Atlántico, que finalizaba en el 2023, al año 2048, o cuando en el 2003 en su afán privatizador vendió la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), a la que pertenecía Audasa, por 1.586 millones a un consorcio, tanto Ana Pastor, diputada entonces, como Núñez Feijoo, conselleiro de la Xunta, estaban en cargos políticos de responsabilidad.

Feijoo posteriormente se ha implicado en demandar la transferencia de la autopista, propuesta que el Parlamento gallego ha aprobado por unanimidad en reiteradas ocasiones. La ministra Pastor en el 2016 mantuvo su negativa a la transferencia de la AP-9, pues «sigue habiendo informes jurídicos» que lo desaconsejan, dado su carácter de autopista de interés general, por formar parte de un trayecto internacional de unión de Galicia con Portugal. Lo que ya entonces argumentó en su contra Ana Pontón, portavoz del BNG, reiterado proponente en el Parlamento gallego de reivindicar su traspaso y gestión, señalando que esta autopista no tenía tramo internacional, y aun así otras de Cataluña o País Vasco estaban transferidas.

Posteriormente, el 30 de diciembre del 2017, Rajoy inauguró las obras de ampliación de Rande y reconoció a su predecesor, el socialista Zapatero, y a su ministro José Blanco el diseño y el «modelo de financiación» -construcción privada a cambio de incrementos en los peajes adicionales al IPC-, continuado por Ana Pastor. En las nuevas ventas de la concesionaria parece haber sido este acuerdo una de las razones que han hecho a la empresa Audasa especialmente atractiva para los compradores, ya que establece el compromiso de incrementar el peaje un 1 % adicional durante 20 años.

La reivindicación de la transferencia de la autopista se mantuvo con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, sin avances. Hasta que las elecciones de noviembre convirtieron el voto del diputado del BNG en decisivo para formar un Gobierno de coalición. Ya entonces, ante las protestas por la subida desmesurada de peajes en la AP-9, el ministro Ábalos afirmó ser «consciente» de que «otros territorios están soportando peajes injustos», como Asturias o Galicia. Pero fue el necesario acuerdo con el BNG el que estableció no solo la transferencia de la autopista en el 2020, sino la compensación de la subida anual acumulativa los próximos veinte años con cargo al Presupuesto del Estado y no al pago directo de los usuarios. Pontón 1, Feijoo 0. Se cadra.

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