Los impuestos que vienen: rigor y sentidiño


La incertidumbre política en la que nos hemos instalado hace que iniciemos este nuevo año sin tener claro cómo será la configuración de nuestro sistema tributario, qué nuevos impuestos se crearán y cuáles se subirán. Y hablo de nuevas figuras y de incremento de la presión fiscal porque, tanto el Gobierno en funciones como sus nuevos socios, en sus propuestas y actuaciones recientes han anticipado reformas en esa dirección.

Así, si nos atenemos al acuerdo programático pactado entre los dos partidos que aspiran a formar Gobierno, en algún momento de este año nos encontraremos, cuando menos, con las siguientes novedades: la reforma del impuesto sobre sociedades que rebaje el tipo impositivo al 23 % a las pequeñas empresas, pero establezca un tipo mínimo efectivo del 15 y del 18 %; el incremento de la tributación de los carburantes, que equipare progresivamente el coste del litro del diésel al de la gasolina; la creación de un impuesto sobre transacciones financieras -tasa Tobin-; la creación de un impuesto sobre determinados servicios digitales -tasa Google-; y la subida, en el grado en que Podemos ha sido capaz de imponer su «impuesto a los ricos», del IRPF y del impuesto sobre patrimonio.

Dar una opinión fundada sobre propuestas tan variadas e indefinidas, y que quizá aún vayan más allá, me obliga a focalizar y a centrar mi atención en lo que considero más importante: la reforma del impuesto sobre sociedades. En todo caso, no me resisto a valorar las dos nuevas figuras tributarias propuestas, las tasas Tobin y Google. Establecer de manera unilateral tributos ad hoc para sectores o actividades concretas, que si tienen una característica a destacar es la de su carácter global e internacional, seguramente conlleve un resultado no esperado de deslocalización y recomposición de los operadores, que no consiga la recaudación esperada y que, en última instancia, seamos los usuarios los que paguemos el impuesto. En estos temas mejor no ser de los primeros de la clase y trabajar en grupo, coordinándose dentro de la OCDE o por lo menos del G20.

Pero centrándome en las propuestas en relación con el impuesto de sociedades, se justifica el establecimiento de un tipo efectivo mínimo por la escasa recaudación del impuesto y porque lo que pagan las empresas es poco respecto del tipo nominal. En primer lugar, el impuesto en España se encuentra en sintonía con el de los países de nuestro entorno, tanto en términos de recaudación sobre el PIB como sobre los ingresos totales; aunque estamos un poco por debajo de la media de la OCDE, superamos a países como Alemania, Francia o Italia, entre otros. En segundo lugar, los cálculos que se hacen para cuantificar el tipo efectivo pagado, que para los grandes grupos se sitúa en el 6 %, resultan engañosos. Parten de comparar los resultados contables positivos con los impuestos pagados, sin tener en cuenta los posibles resultados negativos de los integrantes de los grupos, los beneficios por los que ya se han pagado impuestos, bien en España o en el exterior, o que las empresas vienen de una situación de crisis que ha generado una bolsa de pérdidas que pueden compensar. Si consideramos todos estos aspectos, el tipo efectivo pagado dista mucho del mitificado socialmente y se aproxima mucho al nominal.

Además, hemos de tener en cuenta que estas propuestas de reforma inciden muy directamente en la parte de nuestra economía más internacionalizada y, con ello, en nuestra economía real, por lo que cualquier reforma debe ir en sintonía con las tendencias internacionales si no queremos restar competitividad a nuestras empresas.

En resumen, reformar impuestos en base a valoraciones que no responden a la realidad pero que quizá, de tanto repetirlas como si fuesen un mantra, generan estados de opinión que se consideran veraces me parece preocupante. Apliquemos el conocimiento riguroso y, también, algo de sentido común.

Por Miguel A. Vázquez Taín Presidente del Consello Galego de Economistas

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