Lo dije en su día: cuando Esquerra pidió un «gesto» de la Abogacía del Estado para sellar su acuerdo con el PSOE, estaba alfombrando la investidura de Pedro Sánchez. Si realmente quisiera colocar en un brete al Gobierno, exigiría lo imposible: por ejemplo, que la Fiscalía abandonase su contumacia y rectificase un rumbo que, como han demostrado el Supremo primero -al rechazar el delito de rebelión- y el TJUE después -al reconocer el derecho de Junqueras a recoger su acta de eurodiputado-, va de error en error.
Pero no fue así. Esquerra solo pedía que la Abogacía del Estado fuese coherente con la postura que defendía en junio: Oriol Junqueras, una vez proclamados los resultados de las elecciones europeas, tenía derecho a recoger su acta. El TJUE no solo respaldó aquella posición, sino que fue más allá y sentenció que Junqueras goza de inmunidad desde hace meses. Y las sentencias hay que cumplirlas, como hizo de inmediato el Parlamento Europeo al iniciar los trámites para que Puigdemont y Comín tomen posesión de sus escaños.
La Abogacía del Estado ha emitido un informe sensato. Ha introducido sentidiño, quizás por la prestigiosa mano gallega que la dirige, en medio de tanto dislate generado por la promiscuidad de política y justicia. Sostiene fundamentalmente dos cosas. Una, puesto que la justicia europea ha dictaminado que Oriol Junqueras es eurodiputado a todos los efectos, tiene derecho a acreditarse, ocupar su escaño y a ejercer como tal. A integrarse en un grupo parlamentario, a participar en los debates, a formar parte de ponencias y comisiones. A asumir, en definitiva, la representación que le otorgaron los ciudadanos. Y sin restricciones, lo que plantea una cuestión peliaguda que el informe de los servicios jurídicos del Estado no resuelve: ¿se circunscribe el ejercicio de ese derecho al interior de la cámara de Estrasburgo?
Y dos: ya que solo el Parlamento puede retirar la inmunidad a un diputado, la Abogacía del Estado le pide al Supremo que solicite a Estrasburgo la suspensión de Junqueras. Que haga lo mismo que hizo cuando el dirigente de Esquerra fue elegido diputado en el Congreso: se le permitió tomar posesión de su escaño y, acto seguido, conminó a la Mesa de la cámara a suspenderlo. El Junqueras-diputado sí, el Junqueras-eurodiputado no.
¿Por qué cambió de criterio el Supremo, ganándose el varapalo del tribunal europeo? La respuesta no deja en buen lugar al Supremo, pero tampoco al Congreso de los Diputados. Al Parlamento Europeo no se le conmina: ante la petición de un suplicatorio o la suspensión de un eurodiputado, la cámara decide si se concede o no. El Congreso, por lo visto, no funciona así: Marchena te indica lo que debes hacer y tú obedeces sin rechistar. La aberración democrática salta a la vista: ¿quién es el poder judicial para indicarle a los representantes de la soberanía nacional que deben votar sí o sí a la suspensión? Pues así nos va. De tropezón en tropezón, porque Europa nos tiene inquina y no se cansa de poner piedras en las ruedas de nuestra carreta.