Recientemente, el presidente de la Real Academia Galega de Ciencias proponía Un pacto por la ciencia. No es difícil compartir los argumentos expuestos por el profesor Juan M. Lema, por más que los problemas de la política científica en Galicia, y en el Estado, no solo estriben en la intensidad del vector. Necesitan reflexión, la que él hace, y de ahí correcciones en profundidad de la gestión en la política científica, y en sus prioridades.
Cuando en 1997 Fraga, en el Gobierno de la V Legislatura, puso fin a una pésima organización administrativa de la política científica gallega, creando la Secretaria de I+D de la Xunta, acertó. Y lo hizo doblemente: dotando a Galicia de un órgano de diseño y gestión transversal dependiendo directamente de la Presidencia, sin consellerías sectoriales por medio, y nombrando para ello al profesor Miguel Ángel Ríos.
El paso posterior de la I+D a la Consellería de Industria volvió a sectorializar, con lo bueno y lo peor, la I+D. Lo que posteriormente se agudizó con la segregación, que se mantiene, entre Industria y Educación, y generó un adecuado despropósito político.
Con todo, no es solo ese esgazamento sectorial el peor de los males de la política científica gallega. Como ustedes conocen, desde la implantación en 1988 por el Estado del primer Plan Nacional de Investigación Científica y Técnica, la investigación se desarrolla por proyectos, con unos objetivos, un plazo temporal, una metodología, un equipo y un presupuesto. Estos proyectos una vez evaluados, se aprueban y sobre ellos se espera articular el desarrollo científico. Sin embargo, esta evaluación previa no tiene su correlato, y no lo ha tenido nunca en su totalidad, en la evaluación de los resultados obtenidos. Ni en España, ni en Galicia, ni en ciencia básica, ni en industrial. Y aquí estriba uno de los grandes déficits de nuestra gestión científica. Pues esa evaluación de resultados debía ser la que condicionase las futuras actuaciones, y la que permitiera ampliar o cancelar crédito futuro a los grupos de investigación. Sin embargo, nada de ello sucede. Por más que deudores de la exigencia europea y sus fondos Feder -decisiones de 1998 con Fernando Aldana al frente de la Oficina de Ciencia y Tecnología en Presidencia-, la agencia española de investigación debe contratar consultoras para auditorías administrativas sobre la pertinencia del gasto, al más puro estilo europeo, verbigracia pertinencia o no de papel de aluminio o lejía para su uso en investigación, pero que nada aporta como retroalimentación para diseñar estrategias y evaluar capacidades en ciencia y política científica.
Quizá así nos evitaríamos una gran parte de noticias y publicidad de aquello que se va a investigar, como si del dicho al hecho no fuera un trecho, e incluso tanta hipérbole sobre el alcance de los resultados científicos como se publicita. Del rigor de la buena ciencia, al rigor de su conocimiento y divulgación. Sin negar la intensidad política necesaria.