Pocas interpretaciones y giros del guion político pueden sorprendernos a estas alturas. Pero, aún así, el intento de la derecha de pintar a la Abogacía del Estado como el villano de la película, defensor de sediciosos, marioneta de Dolores Delgado y Pedro Sánchez y espurio medio de pago por la abstención de Esquerra, me produce estupor. No menos pasmo causa el empeño carpetovetónico en absolver al Tribunal Supremo, culpable de haber vulnerado los derechos políticos de Oriol Junqueras -artículo 23 de la Constitución-, y en hacerlo depositario de las esencias patrias y punta de lanza contra esa Europa que -ahora se ve- nos tiene manía. Ya solo nos falta convocar a los nuevos tercios de Flandes para plantarle cara.
Que el Supremo ha metido la pata hasta el corvejón lo prueba la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un tribunal tan nuestro como el presidido por el juez Marchena. Partamos del principio de que todo ciudadano, si no ha sido inhabilitado por condena firme, tiene derecho a presentarse a las elecciones y a ocupar su escaño si resulta elegido. Veamos sucintamente cómo el Supremo, mediante una cadena de errores o arbitrariedades, restringió ese derecho. Cuando Junqueras fue elegido diputado en Cortes, le permitió prometer el cargo y después exigió a la Mesa del Congreso que lo suspendiera. Cuando fue elegido eurodiputado, cambió de tocata y le impidió directamente recoger su acta. A continuación, puesto que existían dudas acerca de la inmunidad del procesado, preguntó a quien correspondía: al TJUE. Y antes de esperar la respuesta -¿para qué entonces la pregunta?-, dictó sentencia y lo condenó a trece años de prisión. Justicia de hechos consumados.
¿Y ahora, qué? El Supremo tiene dos opciones. La primera: cumplir la sentencia y reparar el daño causado. No sé si eso implica la suspensión de la condena, pero sí que Junqueras tiene el mismo derecho que Puigdemont o Comín a ocupar su escaño de Estrasburgo. Lo que pide la Abogacía del Estado, ni más ni menos. La segunda: considerar, en línea con la fiscalía, que la sentencia del TJUE es papel mojado y el asunto está zanjado. El argumento del hecho consumado: ya no podemos reponer los derechos del reo, porque el indulto llegó tarde y ya le hemos cortado la cabeza.
En todo este embrollo, la posición de la Abogacía del Estado ha sido, como mínimo, coherente. En junio defendió, contra Fiscalía y Supremo, el derecho de Junqueras a tomar posesión de su escaño en Estrasburgo. El TJUE vino a darle la razón con su sentencia. Y ahora propone lo mismo. Dirán -ya dicen- que su informe se pliega a la exigencia de Esquerra, que exigía el gesto para facilitar la investidura de Sánchez. Claro. Pero omiten que Esquerra no pidió esta vez lo imposible: ni amnistía, ni liberación inmediata de Junqueras, ni anulación del juicio del procés, ni control de los fiscales. Le puso la cosa fácil a Sánchez: se limitó a pedir que la Abogacía del Estado, ahora con el respaldo del tribunal europeo, mantuviese su posición de junio.