La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, cuyo fallo señala que Oriol Junqueras gozaba de inmunidad desde el momento en que resultó elegido eurodiputado, supone un sonoro bofetón al Tribunal Supremo y una incuestionable victoria de los independentistas. Y con notables efectos políticos añadidos. En La Quilla del 13 de junio, meses antes de que se dictase la sentencia del procés, expliqué en estos términos la patata caliente que abrasaba la boca del Supremo:
«Antes de emitir su fallo, el Tribunal Supremo deberá decidir si permite o no que Junqueras prometa la Constitución ante la Junta Electoral Central y tome posesión de su escaño en Estrasburgo. Si se niega, como pide la fiscalía, vulnera un derecho fundamental del acusado: su derecho de sufragio pasivo, el mismo al que se acogió para ser candidato. El Supremo cometería, en palabras del jurista Pérez Royo, «una prevaricación de libro». Si lo permite, como solicita la abogacía del Estado, el líder independentista gozaría de inmunidad, tendría que ser puesto en libertad y el proceso penal -y la sentencia- quedaría paralizado hasta que, previa petición de un suplicatorio, lo autorizase el Parlamento europeo. El Supremo tiene en la boca no una patata caliente, sino una patata envenenada e indigesta».
Los magistrados españoles optaron por la peor opción. Impidieron que Junqueras recogiese el acta de eurodiputado y, sin esperar a que la justicia europea resolviera la cuestión prejudicial planteada, condenaron en firme al presidente de Esquerra a 13 años de prisión. El Supremo no solo vulneró los derechos del procesado, sino que se desdijo y rectificó su postura anterior, cuando, tras las elecciones generales del 28 de abril, sí le permitió a Junqueras recoger su acta de diputado y prometer el cargo en el Congreso.
El fallo del tribunal europeo coloca al Supremo, a quien le corresponde «apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza el señor Junqueras», en un terrible dilema. Deberá responder a varias preguntas que, presumo, constituirán las claves del enrevesado e interesado debate jurídico que se avecina: ¿Tiene que poner en libertad a Oriol Junqueras, o incluso anular la condena, puesto que durante el proceso se han vulnerado sus derechos políticos? ¿Puede impedirle que asista al Parlamento europeo? ¿Se limitará simplemente a negar los efectos de la sentencia, con el argumento de que el procesamiento se produjo cuando todavía Junqueras no gozaba de inmunidad?
El gran beneficiado, en todo caso, será Carles Puigdemont. La justicia europea ha decretado, inapelablemente, que un eurodiputado lo es y goza de inmunidad desde el momento en que resulta elegido en las urnas. Así pues, pronto veremos al vecino de Waterloo sentado en su escaño de Estrasburgo. Y contemplaremos una imagen paradójica y aberrante: al máximo responsable de la sedición, de rositas y paseándose libremente por las Ramblas; y al Supremo, forzando la interpretación de la sentencia europea para no soltar a Junqueras. Curiosos designios de la justicia española.