En lo que va del año 2019, en España se han producido 9.483 incendios forestales, que han afectado a más de 75.000 hectáreas del territorio nacional. Se trata de una cifra alarmante, y más cuando se tiene en cuenta que en Europa la mano humana está detrás del 96 % de los incendios, ya sea de manera accidental o intencionada. Año tras año, los incendios se vuelven más intensos y agresivos, y esto es en gran medida debido al cambio climático y a la ausencia de medidas que protejan la gestión forestal. En la defensa contra los incendios son necesarios planes de prevención y de extinción, pero además es necesaria la previsión de futuro. Las inversiones públicas destinadas a la lucha contra los incendios son elevadas pero desequilibradas, por lo que se hace necesario trabajar en un plan que englobe la prevención y la extinción en un sistema integral de gestión forestal. Las orientaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales en España, que en breve verán la luz, giran en torno a estas ideas, y entre sus objetivos se encuentra la gestión del territorio rural para lograr su sostenibilidad ante incendios forestales.
Las líneas de acción enmarcadas bajo este objetivo se fundamentan en el valor multifuncional de los ecosistemas forestales, mediante la gestión del territorio rural para incrementar su resistencia y resiliencia a los incendios forestales, integrando prevención, extinción y desarrollo rural. Entre dichas líneas de acción se encuentra potenciar la gestión forestal sostenible como herramienta para promover la puesta en valor de los ecosistemas forestales, mediante el adecuado aprovechamiento de los recursos que proveen. Esta línea de acción es acorde con las iniciativas estratégicas que promueven la valorización de los sistemas forestales, como la Estrategia Forestal Europea, la Estrategia de Bioeconomía o la Estrategia 2020 para Europa, entre otras. Para lograrlo es conveniente reforzar inversiones o incentivos, como una fiscalidad acorde a los beneficios ambientales que esta actividad genera a la sociedad.
A nivel europeo, la PAC es la principal fuente de financiación, y, desde la implantación de la Estrategia Forestal de la UE hasta el momento, ha destinado 8.200 millones del gasto público de los países miembros. La financiación de la UE para I+D en el sector forestal ha aumentado -entre 2013 y 2017 se destinaron 615 millones a proyectos forestales-. De esta manera, es innegable que se han realizado avances hacia el cumplimiento de los objetivos 2020, pero es importante que la inversión en el sector no se paralice y continúe aumentando, permitiendo así a la UE desarrollarse en la gestión sostenible de los bosques.
En España, una de las zonas que más se ve afectada por los incendios forestales es Galicia. En el 2019, la Xunta ha aumentado los fondos destinados a la prevención y extinción de incendios, que ahora suman 180 millones, de los cuales 110,7 se destinan al Pladiga (Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia). Los equipos gallegos de lucha contra los incendios incluyen a cerca de 7.000 personas. Sin embargo, la cada vez mayor despoblación rural, las negligencias humanas y las muy cambiantes condiciones climáticas no hacen más que agravar la situación de los bosques, lo que dificulta las labores de los equipos.
Una correcta gestión forestal es la clave de la sostenibilidad de los montes, que son un elemento básico para el desarrollo rural. España es el segundo país de Europa en cuanto a superficie forestal y los montes ocupan más de la mitad de nuestro suelo. Aumentar la inversión en gestión forestal, como ha propuesto el ministro en funciones de Agricultura para el nuevo período de programación de los fondos Feader, será decisivo para bajar el número tan elevado de incendios que se producen, así como el de superficie quemada, además de luchar contra el problema de la España vaciada.