Las últimas posibilidades de recurso para la familia Franco

Luis MÍguez Macho FIRMA INVITADA

OPINIÓN

25 oct 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

?La «reinhumación» de los restos mortales en un lugar decidido por el Gobierno contra la voluntad de la familia parece poco conciliable con nuestro Derecho

Una vez producida la exhumación de Franco de la basílica del Valle de los Caídos y su inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, cabe preguntarse qué opciones le quedan todavía a la familia para oponerse a una decisión ya ejecutada.

La decisión de exhumar los restos mortales del antiguo jefe del Estado de un monumento que forma parte del Patrimonio Nacional y que, por lo tanto, pertenece al Estado, podrá ser compartida o no desde un punto de vista político, pero difícilmente cabe cuestionarla con argumentos jurídicos sustantivos o de fondo.

Cuestión distinta es la reinhumación de los restos mortales en un lugar decidido por el Gobierno contra la voluntad de la familia, que parece poco conciliable con la consideración jurídica que en nuestro Derecho y, en general, en los de nuestro ámbito cultural reciben los restos de las personas difuntas. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo presentado por la familia por entender que, de forma evidente, no se produce la vulneración de ningún derecho fundamental, pero de esta forma ha quedado abierta la puerta para acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podría opinar de otra manera.

Aunque este último haya rechazado adoptar medidas cautelares contra la exhumación, ello no implica necesariamente que no vaya a admitir una demanda presentada por la familia, si está bien fundamentada. En caso de que la admitiese a trámite, el Tribunal Europeo tendría que entrar a valorar si en el presente supuesto concurren o no los motivos que permiten restringir los derechos fundamentales en una sociedad democrática.

En definitiva, lo que habría de dilucidar el Tribunal Europeo es si los restos mortales de Francisco Franco constituyen hoy un peligro de tal calibre para el funcionamiento de nuestra sociedad democrática que justifique la privación a su familia del derecho a enterrarlos en la sepultura de su propiedad que prefiera, y al público en general de la posibilidad de visitar la tumba.