El Tribunal Supremo ha fallado que los pisos turísticos gallegos se podrán alquilar por habitaciones. La decisión enmienda la plana a la Xunta, cuyo decreto decía justo lo contrario. Por supuesto, si el Tribunal Supremo lo pone negro sobre blanco es que la ley es así y punto final, y al Gobierno gallego lo único que le toca es demostrar que aquí las leyes y las decisiones judiciales no se pasan por el forro, como sí sucede en otra comunidad que se autoconsideraba más civilizada.
Dicho eso, la noticia es muy mala no para la Xunta sino para Galicia. La imagen de modernidad que Turismo se ha venido empeñando en dar queda coja, y eso puede traducirse en meros rifirrafes parlamentarios donde la sangre no llega al río. Pero lo peor es que ahora una vivienda turística se puede convertir en un campamento o en una patera inmóvil: cinco habitaciones, cinco parejas o lo que sea distintas durante una semana, dos o tres, cambios y recambios. Y eso puede ser un carajal indigno de un país desarrollado que, por supuesto, en más de un caso generará una atmósfera que se saldará cuando alguno diga ‘a Galicia no vuelvo’.
A resaltar el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, empeñada en meterle el dedo en el ojo a la Xunta y defensora de que cada uno se busque la vida como pueda, como si viviéramos en el siglo XIX. Ahora presumirá de victoria. Magra victoria, por cierto: de los 27 artículos recurridos, el Supremo solo le ha hecho caso en uno. Aunque, reconozcámoslo, quizás sea el más importante. Al menos mediáticamente.