El presidente Torra ha tardado en condenar la violencia, procurando enmascarar la de los CDR y el Tsunami con la respuesta de los Mossos y la Policía. Los secesionistas que admiraban a los Mossos -recuerden a Trapero cuando los atentados del 2017-, hoy solicitan en el Parlamento catalán por boca de Torra una investigación sobre la actuación de los Mossos en los desmanes de estos días. Hace dos años algunos ciudadanos españoles despedían a los contingentes de Policía y Guardia Civil desplazados a Cataluña por el Gobierno de Rajoy -no se olviden de aquel ministro Zoido que no ordenó nada- con el grito de «a por ellos». Hoy Pablo Casado y Albert Rivera, las derechas, utilizan a la propia Policía Nacional, sus heridos y sus esfuerzos para mantener el orden como material de la campaña electoral. Al tiempo que se olvidan de los esfuerzos realizados por los Mossos, por más que hayan sido Mossos y Policía quienes conjuntamente han sostenido y protegido a los ciudadanos catalanes y el orden democrático frente a los violentos. El juego de deslealtades alcanza ya al uso partidista de las fuerzas policiales. En Cataluña y en España.
Hace dos años, solo dos años, la situación del conflicto catalán discurría hacia un requerimiento a Puigdemont del Gobierno de Mariano Rajoy, necesario y previo para otras actuaciones. Y no fue menor la importancia que tuvo entonces la posición a favor de los socialistas catalanes y del PSOE y Pedro Sánchez, alineados con el Gobierno y con Rajoy, para solicitar a Puigdemont que «aclare negro sobre blanco qué es lo que aconteció en el Parlamento catalán», exigiendo la vuelta a la legalidad democrática. Nada que ver con la lealtad que hoy el Gobierno de Pedro Sánchez recibe del Partido Popular de Casado y de los Ciudadanos riveristas ante los conflictos derivados de la sentencia del Supremo. La coincidencia de elecciones y sentencia sobre los hechos del 2017 podría explicar que no haya lugar para un debate normal con alguno de los secesionistas, y que Casado y Rivera, por supuesto Abascal, lleven su campaña electoral al conflicto, en vez de alinearse frente a él con el Gobierno. Utilizando la respuesta secesionista a la sentencia para obtener provecho electoral en España. Por más que ello aleje la solución del conflicto e incluso peligre el sentido común.
Si las cosas están así entre los contrarios a la secesión, no les sorprenderá la ruptura de relaciones entre las instituciones del Estado y las de la Generalitat, e incluso los amagos de parte por seguir jugando a la secesión, pero sin hacerla, que nos anuncian los independentistas para después del 10 de noviembre. Todos ellos practicando un ejercicio desleal de la política, especialmente entre los autonombrados constitucionalistas, en el que los paisanos nos vamos agotando. Perdidos entre soflamas y calentones sociales.