La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos pone fin a la situación incomprensible que suponía el hecho de que un dictador que abolió las libertades durante cuarenta años estuviera enterrado en un mausoleo visitable previo pago de una entrada y que es patrimonio nacional. La perpetuación de esa aberración democrática durante más de cuatro décadas y la incapacidad de los partidos para acabar con ella por consenso, sin traumas y en un tiempo razonable tras el fin de la dictadura es uno de errores de la Transición. El espíritu de concordia con el que España pasó de la dictadura a la democracia sin revolución ni derramamiento de sangre merecía que algo tan simple como trasladar a Franco a un cementerio común se hubiese llevado a cabo mucho antes.
Dicho esto, hay que señalar que, después de que el cadáver haya permanecido en Cuelgamuros durante cuarenta y cuatro años sin que la exhumación fuera objeto de un gran debate nacional, difícilmente podrían haberse escogido un momento y unas circunstancias políticas menos apropiadas para consumar esa tarea. Desde luego, ha habido en nuestra historia reciente períodos más adecuados para acabar con ese baldón. Es un grave error haberlo hecho con un Ejecutivo en funciones, en plena precampaña de unas elecciones generales que se celebrarán dentro de 17 días, en medio de un desafío independentista al Estado de derecho, inmediatamente después de una sentencia que por primera vez en democracia condena a unos dirigentes políticos por sedición y sin haber alcanzado el máximo consenso posible entre las fuerzas democráticas sobre el procedimiento.
Algunas de estas coincidencias han sido expresamente buscadas. Otras no. Pero si alguien hubiera querido que lo que debió ser un acto de normalidad democrática exento de cualquier connotación partidista se convirtiera en motivo de enfrentamiento, habría escogido el día de ayer. El resultado es que, lejos de reforzar la concordia alcanzada tras la Guerra Civil y la dictadura, la exhumación se convirtió en un acto electoralista, como demuestra la innecesaria comparecencia de Sánchez a la hora del telediario o la presencia del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, en el helicóptero que trasladó los restos.
Convertir la exhumación del dictador en un gran espectáculo televisivo, utilizarlo como arma electoral o presentarlo como una victoria de unos sobre otros, insinuando que siguen existiendo los dos bandos de la Guerra Civil, es una insensatez. La inmensa mayoría de españoles que murieron en esa contienda no lo hicieron en defensa de una ideología, sino que lucharon en el frente que les tocó cuando se produjo el golpe de Estado. La exhumación no «prestigia» a nuestra democracia a ojos del mundo, como afirma Sánchez poniendo en duda la calidad de nuestro Estado de derecho. España era una democracia plena con Franco en Cuelgamuros y lo sigue siendo hoy. Lo de ayer fue la subsanación de un error histórico. Había que hacerlo. Pero no se pudo hacer en peor momento y de peor manera.