Ya no sé como ciudadano qué me preocupa más a estas alturas del conflicto: el resurgimiento de Vox, anunciado por esas encuestas en las que nadie cree y todos miramos, o el vandalismo desatado en Cataluña que, además de destrozar la convivencia, da alas a la extrema derecha. Ambos son los efectos colaterales de una sentencia salomónica que casi nadie acepta y a casi todos disgusta. Efectos multiplicados por la campaña electoral en curso, la del 10-N, y la que probablemente se avecina en Cataluña.
Cualquiera que fuese el fallo del Supremo, descontada la absolución de los presos, el independentismo más radical ya había organizado el follón. Ya Puigdemont había profetizado, con conocimiento de causa, la que se iba a liar: «Un pollastre de collons». El oráculo de Waterloo contaba con el Tsunami Democràtic y el títere Torra. El independentismo entraba en la tercera fase: la de la algarada. Perdida la guerra de secesión, tras la aplicación del 155 y el procesamiento de sus líderes; derrotados los lazos amarillos que reclamaban la libertad de los presos, estamos en la fase de la guerrilla urbana, las barricadas y la denuncia de timoratos como Junqueras o de botifler como Rufián. Los radicales convirtieron el movimiento secesionista en un conflicto de orden público.
Lo que suscita varias reflexiones. Primera, los desórdenes públicos, al margen de sus causas, siempre desgastan políticamente al Gobierno de turno y al partido que lo sustenta. Segunda, los disturbios se combaten con las fuerzas del orden, nunca con la suspensión de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de manifestación y de protesta. Tercera, cuando el desorden afecta seriamente a la convivencia y la vida cotidiana, los ciudadanos suelen inclinarse por la mano dura y olvidan a menudo que los remedios autoritarios pueden ser ineficaces o peores que la enfermedad.
A tenor de estas consideraciones, sostengo que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo exactamente lo que debe hacer: combatir los desórdenes con firmeza y proporcionalidad entre medios y fines, entre el recurso de la fuerza pública y el objetivo de restaurar el orden. Y creo también que la postura de la oposición, con su apelación a medidas extraordinarias o a un 155 que se ha convertido en la receta milagrosa para todas las dolencias, resulta decepcionante. La propuesta de Pablo Casado de trasladar los presos fuera de Cataluña constituye el último botón de muestra: una manera de enmendar la plana al Tribunal Supremo, que ya se opuso a recortar los beneficios penitenciarios de Junqueras y demás sediciosos.
En vez de apoyar sin fisuras al Gobierno, parece que quisieran emular a Santiago Abascal, quien sí tiene la varita mágica para apagar el volcán: la declaración del estado de excepción. La misma que utilizó Franco media docena de veces en su Estado de excepción permanente. Por eso me inquieta la exhumación de su cadáver, prevista para pasado mañana: no vaya a ser que descubramos que aún queda en la momia algún hálito de vida.