Bastaría la imagen de los periodistas protegidos con cascos y portando chalecos y brazaletes acreditativos de su labor a fin de evitar ser agredidos, como en una zona de guerra, para constatar que la batalla campal desatada desde el lunes en varias ciudades catalanas -sobre todo en Barcelona- está poniendo en duda seriamente la capacidad del Estado democrático para cumplir con la principal de sus misiones: garantizar la convivencia civil en paz y libertad.
Una de las terminales de uno de los principales aeropuertos de Europa colapsada durante horas con miles de personas en su interior literalmente secuestradas, más de 150 vuelos cancelados, autopistas cortadas, vías férreas saboteadas, camiones paralizados, cientos de elementos de mobiliario urbano arrasados, coches incendiados, comercios destrozados, cientos de barricadas con fuego por algunas de las arterias de comunicación más importantes de la capital de Cataluña (Gran Vía, Paseo de Gracia, Vía Layetana), brutales ataques a las fuerzas policiales ¡incluso con ácido!, un cohete lanzado desde tierra contra un helicóptero de los Mossos…
Todo ello, en sí extremadamente grave, lo es aun más si se tiene en cuenta que el mismo Torra que la medianoche del miércoles (obedeciendo las órdenes dadas poco antes por su jefe fugado en Waterloo) pedía, con un cinismo desvergonzado, que parase la violencia, supuestamente provocada por elementos «infiltrados», es el presidente de la Generalitat que lleva meses calentado al radicalismo independentista («¡Apreteu!») y llamando con tono agresivo a una desobediencia civil que como era previsible iba acabar donde ha acabado. «Esto hay que pararlo ya», proclama ahora quien ha venido actuando al mismo tiempo, en un acto delirante, de jaleador de los violentos y responsable de una parte las fuerzas policiales que los reprimen en las calles.
Y en efecto es verdad: hay que pararlo, sin esperar a que los gravísimos disturbios, que han aumentado desde el lunes, acaben siendo incontrolables. Pero esa misión no podrá ser asumida por quien carece de toda autoridad para dirigirse a unos violentos que son directamente su criatura, por quien dirige un Gobierno de hecho inexistente tras sus luchas intestinas y por quien proclamó ayer en el Parlamento catalán que la Generalitat convocará otro referendo, lo que animará a seguir apretando a los radicales que creen aun en tal delirio.
Por eso el Gobierno de España no puede seguir a velas vir, confiando en que el tiempo arreglará un conflicto que no hace más que empeorar. El Gobierno, que dispone de numerosos instrumentos para actuar en Cataluña, debe hacerlo cuanto antes en la plena conciencia de que las autoridades catalanas, ni están por la labor de acabar con unos disturbios de los que creen poder sacar buen rendimiento (otra vez el árbol y las nueces), ni podrían parar, aunque quisieran, la intifada radical de la que son autores intelectuales e impulsores.
