Violencia y responsabilidad de Torra


Si el Gobierno español le tiene que pedir a Torra que condene la violencia es porque Torra no la condena. Al revés, toda su trayectoria ante la sentencia ha sido de aliento a las movilizaciones, y llegó a expresar como meta el modelo Hong Kong. El martes, su Gobierno expresó su empatía hacia los asaltantes de El Prat, lo cual es el colmo de la irresponsabilidad. Tras todo eso, ocurrió lo que tenía que ocurrir: los extremistas violentos se colaron entre los manifestantes pacíficos. Lo que se llamó Tsunami Democràtic degeneró en comandos que practicaron la kale borroka y la guerrilla urbana. Las imágenes de sus actos presentaron al mundo una estampa de Barcelona en llamas, aunque solo ardieran unos cuantos contenedores.

¿Cuál es la responsabilidad de Torra en estos sucesos? La de haber instigado a los rebeldes. Es posible incluso que, según se ha publicado, sea uno de los fundadores del tsunami en una reunión celebrada en Suiza. La segunda responsabilidad es su complacencia con los incendiarios, que tuvo que hacer compatible con la actuación de los Mossos que dependen de su Gobierno. Y la tercera, no haber sabido ver que toda protesta callejera tiene el riesgo de ser aprovechada por los antisistema. Sobre todo en Barcelona, donde hay una larga tradición de que las manifestaciones terminan con destrozos en edificios y mobiliario urbano.

Lo malo para el independentismo es que pierde la virginidad de movimiento pacífico que tanto pregonaron los líderes del procés. Nadie está libre de ese desenlace cuando se lanzan las gentes a la calle. Lo han sabido ver los dirigentes de Esquerra Republicana Joan Tardà y Gabriel Rufián, que se vieron obligados a salir a condenar la violencia al grito orteguiano de «no es esto, no es esto». Estamos, por tanto, ante una consecuencia perversa para el movimiento secesionista: un paso más para la división que ya lo venía desintegrando. Si, además, los hechos de violencia destrozan el discurso pacifista, se deteriora el mensaje que estaban enviando al mundo.

El Gobierno español tiene que reaccionar con inteligencia y la inteligencia en este caso es dejar que el independentismo y lo único salvable de su imagen se destruya a sí mismo. No debiera precipitarse en soluciones radicales como la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que ni es tan rápida ni garantiza el éxito. No debiera transmitir ninguna idea que facilite el mensaje demagógico de la represión. Debiera, en cambio, presentar al Estado como garante de las libertades cívicas. Dicho de una forma un poco más brusca: la violencia es incómoda, pero ayuda a quienes defienden la tranquilidad.

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