Es mentira que la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a los inculpados del procés limite la libertad de expresión de los independentistas. En Cataluña, en el País Vasco, en Galicia y en otras partes de España los separatistas defienden desde que hay democracia sus posiciones y reivindican sus objetivos con absoluta libertad sin que a nadie se le haya pasado jamás por la cabeza que se les pueda procesar por tal motivo. Lo hacen en las Cortes, en los parlamentos regionales y en los ayuntamientos, en los gobiernos autonómicos y desde la oposición, en los medios de comunicación públicos y privados y en las calles, tal y como debe ser en un Estado que como el nuestro es plenamente democrático.
Es mentira que la citada sentencia del Tribunal Supremo limite la libertad de manifestación de los independentistas. Además de en otras muchas ocasiones, docenas de miles de independentistas se manifiestan desde 1977 en la Diada, el Aberri Eguna o el Día da Patria Galega exigiendo el derecho de autodeterminación y la independencia y negando la pertenencia de Cataluña, del País Vasco y de Galicia a la nación de la que forman parte desde hace siglos, sin que ninguno de ellos haya sido jamás sido por ese motivo procesado.
Y es mentira, en fin, que el del procés haya sido un juicio político, que la sentencia del Tribunal Supremo constituya una venganza y que el proceso contra los penados por sedición suponga una causa general contra los nacionalistas. Los condenados no lo han sido por sus ideas sino por sus acciones: por violar con contumacia las leyes, por desobedecer de forma reiterada las sentencias judiciales dictadas por tribunales dotados de legitimidad y por haber planeado y ejecutado una sedición que exigía hacer una y otra cosa.
Todas esas vulgares mentiras, que el secesionismo catalán con la ayuda de sus secuaces (del PNV al BNG, pasando por Podemos) quieren hacer pasar como verdades, no tienen otro objetivo que desprestigiar nuestra democracia -una de las de más alta calidad del mundo entero- para disfrazar de ese modo la única palmaria realidad que ha resultado de la condena del Supremo: el estrepitoso fracaso de la estrategia ilegal de los separatistas, que, de un modo increíblemente irresponsable, llegaron a convencerse, en su delirio, de que podrían actuar impunemente como si el Estado de derecho, y las instituciones encargados de garantizar su normal funcionamiento, no existieran.
El descalabro de un plan tan disparatado, que ha abierto hasta extremos desastrosos la brecha existente en Cataluña entre separatistas y no separatistas, ha sido tan rotundo que los primeros intentan ahora minimizar su derrota, acusando de persecución a quienes han cumplido con su deber asegurando la supremacía de la ley sin la cual una sociedad civilizada se convierte sencillamente en un infierno: el de la arbitrariedad de los gobernantes y el atropello de los derechos de los gobernados.
