Racionalizar la financiación


Una Administración pública de un país moderno no puede verse paralizada a causa de una demora en la formación de Gobierno. No puede porque, mientras llega ese momento, los ciudadanos siguen necesitando bienes y servicios públicos. Con Gobierno o sin él, los colegios, los hospitales o las residencias de mayores tienen que seguir funcionando. Y los proveedores deben cobrar en tiempo y forma, porque también tienen sueldos y facturas que pagar. Desde esta perspectiva, por tanto, debe darse la bienvenida al desbloqueo de los millones a las comunidades.

Dicho esto, convendría hacer una reflexión en profundidad acerca del modelo de financiación autonómica. Hay que evitar las situaciones de parálisis por falta de recursos financieros si no hay Gobierno, pero también hay que tratar de avanzar hacia un sistema más racional en los ingresos y los gastos.

La financiación autonómica debería descansar más en fuentes de ingresos establecidas y gestionadas por ellas que en su participación en los ingresos del Estado, o en tramos cedidos del IRPF o el IVA. De esta forma, se evitarían situaciones de parálisis como la que ha tenido lugar en los meses transcurridos desde las elecciones del pasado abril.

Este sistema, además, tiene la ventaja de que introduce la corresponsabilidad fiscal de los Gobiernos regionales. Esto es, quien quiera gastar más debe aprobar nuevos impuestos, o subir los ya existentes, para lo cual tiene que explicar a los ciudadanos las razones de ese incremento de la presión fiscal que sufren. Esto racionaliza el gasto.

Las autonomías deberían empezar a pensar cuáles tendrían que ser sus prioridades de gasto. El envejecimiento y despoblación implican una presión alcista sobre el gasto en servicios fundamentales como sanidad o dependencia. Ese gasto creciente implica renunciar a otras partidas, pero el sistema actual no lo incentiva, en tanto en cuanto las autonomías no establecen ni recaudan sus impuestos. Por el contrario, siguen viviendo mayoritariamente de lo que recauda el Estado, con lo que no tienen incentivos para racionalizar su gasto. Esto también hay que corregirlo.

Por Emilio J. González Profesor de Economía de Comillas-Icade

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