Profesor de Economía de Comillas-Icade

Una administración pública de un país moderno no puede verse paralizada a causa de una demora en la formación de gobierno. No pueden porque, mientras llega ese momento, los ciudadanos siguen necesitando los bienes y servicios públicos que les facilitan las administraciones. Con gobierno o sin él, los colegios, los hospitales o las residencias de mayores tienen que seguir funcionando. Y las empresas proveedoras del sector público deben cobrar en tiempo y forma porque también tienen sueldos y facturas que pagar. Desde esta perspectiva, por tanto, debe darse la bienvenida al desbloqueo de los 4.500 millones que el Estado español debe transferir a las comunidades autónomas en concepto de entregas a cuenta de los fondos que les corresponden por su participación en el sistema de financiación autonómica.

Dicho esto, sin embargo, convendría hacer una reflexión en profundidad acerca del modelo de financiación autonómica. Hay que evitar las situaciones de parálisis por falta de recursos financieros si no hay gobierno, pero también hay que tratar de avanzar hacia un sistema más racional en los ingresos y los gastos.

La financiación autonómica, por tanto, debería descansar más en fuentes de ingresos establecidas y gestionadas por ellas que en su participación en los ingresos del Estado, o en tramos cedidos de figuras tributarias como el IRPF o el IVA. De esta forma, se evitarían situaciones de parálisis como la que ha tenido lugar en los meses transcurridos desde las elecciones del pasado mes de abril.

Este sistema, además, tiene la ventaja de que introduce la corresponsabilidad fiscal de los gobiernos regionales. Esto es, quien quiera gastar más, debe aprobar nuevos impuestos, o subir los ya existentes, para lo cual tiene que explicar a los ciudadanos las razones de ese incremento de la presión fiscal que sufren. Esto racionaliza el gasto.

Por otro lado, las autonomías deberían empezar a pensar cuáles tendrían que ser sus prioridades de gasto. El envejecimiento de la población, el despoblamiento del interior, implican una presión alcista sobre el gasto en servicios fundamentales como sanidad o dependencia. Financiar ese gasto creciente implica renunciar a otras partidas, pero el sistema actual no lo incentiva, en tanto en cuanto las autonomías no establecen ni recaudan sus impuestos. Por el contrario, siguen viviendo mayoritariamente de lo que recauda el Estado, con lo que no tienen incentivos para racionalizar su gasto. Esto también hay que corregirlo.

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La financiación de las comunidades no puede depender de un bloqueo