Aunque el Tribunal Supremo (TS) se está mostrando hermético, tanto la opinión pública como la publicada dan por sentado que la sentencia del procés se está redactando bajo la presión de la unanimidad, con lo que se abona la idea de que, si la decisión se adoptase por mayoría y con votos particulares, vería mermada su legitimidad y desacreditaría toda la acción del Estado orientada a la reposición de la legalidad y el orden constitucional. Yo, como de costumbre, discrepo de ese enfoque tan generalizado y de tan lógica apariencia. Porque, aunque comprendo que en la calle se interprete la unanimidad como un valioso adorno de las decisiones adoptadas por tribunales y parlamentos, considero una aberración democrática que este criterio se haya instalado en algunas instituciones, y en los más conspicuos analistas de la cosa pública, como un principio racional e indiscutible.
Mientras la unanimidad identifica con acierto las dictaduras y las democracias puramente formales, la regla de la democracia es la mayoría, ya que si pudiese establecerse un solo hecho indiscutible las bases del pluralismo se irían abatiendo como las fichas de dominó. Y este razonamiento es aplicable también a los tribunales de justicia, ya que la esencia del derecho y del proceso penal es expresarse y aquilatarse mediante la construcción contradictoria de la verdad jurídica. El estalinismo dictó millones de condenas por unanimidad. Pero en democracia sigue resultando sorprendente que tribunales con cinco o más miembros lleguen a un veredicto por unanimidad.
Esto, que, dicho en estas circunstancias y hablando de lo que hablamos, puede sonar a escándalo, es ciencia arraigada en nuestras conciencias, y por eso estamos aceptando como algo normal que el TS vaya limando asperezas, y ajustando a la baja los considerandos y veredictos, para que, en vez de producir una sentencia que se considere formal y legalmente justa, se dicte una sentencia unánime. Pero ese ajuste, si se diese, sería un grave defecto, porque, además de instalarse en el utilitarismo, nos privaría de la pedagogía jurídica que es esencial para las sociedades democráticas. Por eso no dudo en decir que yo -y dos o tres españoles más- nos sentiríamos más reconfortados con una sentencia que evidenciase todos los debates y todas las dificultades de una decisión mayoritaria que con una sentencia arreglada -por exceso o por defecto- en busca de la unanimidad.
Mi opinión es que, si la unanimidad de la sentencia del procés se estuviese trabajando políticamente, funcionaría como un privilegio -pequeñito, claro- de los dirigentes independentistas, que obligaría al TS a aclarar si el derecho a una sentencia unánime se aplica solo a los catalanes o es exigible por todos -manadas, narcos, terroristas, violadores y financieros de alto copete-, ya que, en cumplimiento del criterio de igualdad ante la ley, beneficiaría a los reos en la mayoría de los casos. Por eso creo que es mala costumbre dar soluciones ad casum y poco meditadas.
