Plantear la equiparación de la pensión mínima al salario mínimo se sale del terreno estrictamente contributivo del sistema de la Seguridad Social y se adentra en el campo de la política social, dado que un incremento promedio del 7,68 % (diferencia entre la pensión mínima actual y el salario mínimo vigente) no guardaría relación alguna con las cotizaciones satisfechas por los 5.493.594 pensionistas que en este momento cobran la pensión mínima o menos al cierre de 2018, según el Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo.
En primer lugar, una medida de estas características debería ser cubierta por la caja común vía complemento a mínimos y no por la Seguridad Social para no agravar aún más el profundo desequilibrio de las cuentas de las pensiones. Pero no solo esto: hacerlo vía Presupuestos obliga a los políticos a ser transparentes ante la ciudadanía, explicando no solo la cara amable de la política social, sino también la cara menos amable, que es revelar cuánto cuesta y quién lo paga.
¿Cuánto dinero supondría esta medida? En un escenario conservador (el salario mínimo no sube de los actuales 900 euros y la entrada de pensionistas al sistema por debajo de la pensión mínima no es significativa), la equiparación supondría un gasto anual de 898,80 euros por persona o, lo que es lo mismo, un total de 4.937 millones de euros por año. Por tanto, sería necesario subir, por ejemplo, el IRPF en 277,31 euros anuales o trasladar gasto de otras partidas para cubrir este incremento. Esta disyuntiva es la que debe conocer el ciudadano para que sea consciente no solo de los beneficios de las políticas sociales, sino también de su coste.
En segundo lugar, en caso de que se tomara una medida de estas características, debería hacerse con suma prudencia, puesto que se introducen en el sistema de Seguridad Social incentivos desfavorables a cotizar por una base más alta, dado que aquéllos que cotizan por una base más baja y les queda una pensión menor al salario mínimo, presionarán al Gobierno para que les suban las pensiones muy por encima de lo que realmente han aportado, amparándose en esta posible equiparación.
En términos económicos, en suma, es una situación de riesgo moral que va en contra de la sostenibilidad del sistema de reparto. Teniendo presente que el deseo de la política económica es el de garantizar un nivel de vida digno para sus pensionistas, no puede quedar al margen la toma de decisiones con racionalidad y que no comprometan la salud de las cuentas públicas que tendrán que mantener a los hijos y nietos de los actuales pensionistas.