Jabalíes: leyes para cumplirlas


Este lunes nos sorprendía a todos un anuncio de la directora xeral de Patrimonio Natural con la inminente publicación de una resolución por la que se va a declarar la emergencia cinegética temporal en cuatro comarcas gallegas -al amparo de la disposición adicional primera del Reglamento de Caza- para tratar de reducir el tamaño de las poblaciones de jabalí. Se trata de algo inédito hasta la fecha, y que poco o nada tiene que ver con la modificación de la Orden de Vedas publicada en el Diario Oficial de Galicia de ayer para ampliar a todos los ayuntamientos gallegos la autorización de batidas por daños sin que sea preceptiva su comprobación por los agentes medioambientales.

Que las poblaciones de jabalí se han disparado en los últimos lustros causando cuantiosísimos daños es un hecho innegable (los sindicatos agrarios los cifran en 15 millones de euros al año en nuestra comunidad), pero también lo es que ninguna de las administraciones con competencias en la materia ha hecho sus deberes a la hora de evitar que la situación se nos fuera de las manos: la esperada ley de montes nos prometía acabar con las zonas de maleza incontrolada y con las fincas sin limpiar, pero se trasladó la responsabilidad de su ejecución a los ayuntamientos, y todo quedó en agua de borrajas; por su parte la ley de caza anunciaba a bombo y platillo la creación de un fondo de corresponsabilidad que se destinaría precisamente a cubrir los daños que causan las especies cinegéticas… pero casi seis años después seguimos esperándolo.

Algo de lo que no se está hablando ahora y que, bajo mi punto de vista, también tiene una relación muy directa con la creciente presencia de esta especie en las zonas periurbanas es el incremento de las poblaciones de lobo… pero ese es otro tema que nadie parece querer abordar. Igual que no hemos llegado a esta situación de la noche a la mañana, mucho me temo que tampoco se habrá solucionado el problema cuando finalice la temporada de jabalí, y con ella la declaración de emergencia cinegética, el próximo 29 de febrero. Pero mientras, el rural agoniza, y algunos tenemos la sensación de que lo que se pretende ahora es que el colectivo de cazadoras y cazadores -tan demonizado por algunas asociaciones animalistas- nos solucione el problema de los daños. Y ellos solos no pueden.

A falta de la publicación del texto definitivo de la resolución, que -entiendo- será bastante más extenso y explícito que las líneas que esbozaba el lunes la directora xeral, apelo a la sensatez que estos días se perdió en las redes sociales: a que todos los agentes implicados asuman su cuota de responsabilidad, y a que no nos saquemos de la chistera más leyes que luego no se vayan a cumplir.

Por José Manuel Matos Biólogo y gestor cinegético

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