Empresarios que pagan (o no) los errores de Hacienda


El pasado 5 de julio de 2019 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que declara nulo de pleno derecho un Real Decreto (el 529/2017), en virtud del cual muchos empresarios españoles (autónomos, sociedades y grupos de empresas) se vieron obligados a renunciar o que fueron excluidos de regímenes especiales y de opciones fiscales que le generaban bien un sabroso ahorro tributario, bien generosos recursos financieros.

Algunos fueron dados de baja en el llamado REDEME, régimen que permite recuperar el IVA mensualmente, o sea, sin tener que esperar a finales de año, con el consiguiente efecto financiero.

Otros empresarios, a título de ejemplo, fueron excluidos nada menos que del régimen de grupos en el IVA, régimen muy interesante para aquellos grupos en los que unas empresas registran importes a ingresar mientras otras a compensar o devolver (frecuente en las actividades de comercio exterior o de exportación, en casos de importantes inversiones en compras de maquinaria, de grandes inversiones, etcétera). El régimen de grupos permite compensar las liquidaciones de IVA a ingresar con las de signo contrario, a devolver, de manera que se presenta una sola liquidación a nivel de grupo, con las consiguientes ventajas financiera y de tesorería.

Ante las irregularidades detectadas en el texto y tramitación del RD 529/2017, se presentó bajo la dirección letrada de quien firma estas líneas recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, el cual declaró su nulidad radical (nulidad de pleno derecho) el pasado 5 de julio.

Pues bien, ¿qué efectos cabe esperar de esta declaración de nulidad?

En primer lugar, quedarán sin efecto las liquidaciones fiscales dictadas por la Agencia Tributaria en aplicación del RD 529/2017 que no hubiesen adquirido firmeza, o sea, que hubiesen sido recurridas.

También afectará la sentencia del Supremo a los recargos y a las sanciones fiscales que no sean firmes (por haber sido también recurridas) o no hayan sido ejecutadas, que también quedarán sin efecto.

Pero la mayor trascendencia de la sentencia del TS del pasado 5 de julio estriba en la responsabilidad patrimonial en que ha incurrido el Estado, que deberá de hacer frente, previa acción judicial contra él, a un serio caudal de daños y perjuicios. Se trata de los que a miles de contribuyentes españoles (autónomos, sociedades mercantiles y grupos) ha causado la renuncia, exclusión, privación, etcétera impuestas por una norma, el RD 529/2017, que el TS acaba de declarar nula de pleno derecho.

Por Miguel Caamaño Catedrático de Derecho Financiero y abogado en la causa 353/2017, ante el Tribunal Supremo.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
5 votos
Comentarios

Empresarios que pagan (o no) los errores de Hacienda