España ha sido un país pionero en la lucha contra la violencia de género y actualmente disponemos de una amplia relación de normas que prevén, desde una perspectiva integral, la persecución y eliminación de cualquier forma de violencia sobre las mujeres. En los últimos años la respuesta institucional ha sido objeto de modificaciones destinadas a perfeccionar la asistencia, ayuda y protección de las víctimas y de sus hijos e hijas menores; pero el punto de inflexión en el avance se produce cuando todos los sectores políticos y sociales se comprometen a través del Pacto de Estado contra la violencia de género y la ratificación del Convenio de Estambul, que obliga a los Estados miembros a extender las medidas contempladas en la ley a otros ámbitos diferentes de la pareja o ex pareja y a contemplar, entre otras, la violencia económica.
Dicho consenso ha permitido en estos dos últimos años una importante dotación de medios económicos destinados a la implantación de las medidas en el ámbito estatal, autonómico y local.
Pero la realidad es muy tozuda y la sociedad se ve sobrecogida ante la cruel e inhumana manifestación de esa desigualdad todavía existente entre hombres y mujeres; crueldad que persiste con independencia del nivel social, cultural o económico de las personas que la padecen o de los que la ejercen. No podemos tolerar que conductas que lastran la vida de las mujeres y destrozan emocionalmente a nuestros hijos e hijas queden impunes; pero tampoco podemos obviar la dificultad en la que se encuentran las víctimas ante la disyuntiva de denunciar a quien compartió un proyecto de vida y unos hijos en común; esta es la propia especificidad de la violencia contra las mujeres y lo que las hace tan vulnerables.
La mejora de la respuesta institucional, el perfeccionamiento de la asistencia de las mujeres víctimas, la intensificación de la protección de los menores, la visualización y atención de otras formas de violencia o el impulso de la formación de los agentes que garanticen una mejor respuesta institucional son retos que no permiten demora y que requieren del compromiso de todos los sectores sociales y políticos.
Pero nada de esto será suficiente si no somos capaces de sensibilizar, educar y concienciar a la sociedad sobre el daño que produce la desigualdad y las conductas violentas; nada será suficiente si no tomamos conciencia de la magnitud del problema y las consecuencias que el ejercicio de la violencia tiene para la vida de las mujeres, de sus hijos e hijas, y la sociedad en su conjunto. Ello contribuirá a que las mujeres víctimas no esperen, compartan su sufrimiento, rompan su silencio, busquen el apoyo y al final recaben de las instituciones la protección que merecen.