La Diada y los presos del «procés»


El Estado de derecho se basa en un principio medular, sobre el que pivota toda su estructura: el de igualdad ante la ley. Tal principio, que nuestra Constitución formula con meridiana claridad en su articulo 14, significa que los españoles somos iguales no solo para beneficiarnos de los derechos y garantías contenidos en las leyes, sino también para cumplirlas y para obedecer las sentencias que se dicten en su aplicación.

 Los separatistas catalanes y, más en general, quienes se proclaman nacionalistas en los diversos territorios españoles -nacionalistas que apoyan sin pensárselo dos veces el supuesto derecho de los secesionistas a incumplir las leyes y a desobedecer los pronunciamientos de los jueces- actúan, sin embargo, convencidos de que la igualdad ante la ley les afecta para exigirla, pero no para cumplirla.

Anteayer se celebró en Cataluña la manifestación de la Diada, considerada por sus convocantes como el comienzo de un llamado «tsunami democrático» dirigido a conminar a los jueces del Tribunal Supremo a que prevariquen y no apliquen las leyes en el juicio del procés y a proclamar, como si tal cosa, que si la sentencia no fuera del gusto de los separatistas se la pasarán por el arco del triunfo y llamarán a la desobediencia civil. Y todo ello con Torra, el presidente de la Generalitat, que es una autoridad del Estado, a la cabeza. ¡Todo, como puede verse, muy civil y también muy democrático!

 Dado que Cataluña tiene transferida la competencia en materia penitenciaria, las reiteradas declaraciones de las autoridades de la Generalitat en contra del cumplimiento de un eventual pronunciamiento del Supremo que declarase culpables a los presos del procés suscita la delicada y gravísima cuestión de si la permanencia de los reos en cárceles catalanas puede asegurar que, en caso de una sentencia condenatoria, estos cumplan, con arreglo a la ley, las penas que les hayan sido impuestas. ¿Son de fiar unos serveis penitenciaris que dependen de una consejera de Justicia, Ester Capella, de ERC, cuyas palabras al respecto no dejan lugar a dudas sobre cuales son sus intenciones: «Los quiero fuera»? ¿Se imaginan el inmenso escándalo que se organizaría si, llegado el día, las autoridades de la Generalitat, que se han atrevido ya a todo, optasen por poner en libertad fraudulentamente a los presos condenados?

 Tal hipótesis, que en cualquier país de nuestro entorno sería impensable, por descabellada, no lo es en un territorio cuyas autoridades, tras incumplir durante meses leyes y sentencias, declararon de forma ilegal la independencia de Cataluña amparados en el poder que les otorga una Constitución que destruyeron con sus actos.

Si hubiera condenas, ¿deberían estar los reos bajo la custodia penitenciaria quienes han demostrado con contumacia no sentirse vinculados ni por las leyes ni por las sentencias de nuestro Estado democrático? La inmensa mayoría de los españoles conocemos la respuesta.

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