¡Pobre nación la que cada poco tiempo tiene que recordar a sus habitantes que las leyes se hacen para ser cumplidas y acatadas! ¡Pobre, más pobre todavía, la nación donde hay gobernantes que deben ser advertidos por otros poderes del Estado de que las leyes y las sentencias judiciales se acatan! ¡Y pobre, lamentablemente pobre, la nación donde el incumplimiento de las leyes y el desacato a quienes tienen la obligación constitucional de hacerlas cumplir se ha convertido en incívica costumbre y en desafío al Estado de Derecho que se puede practicar desde la impunidad!
Ayer escuché las llamadas que la Fiscal General del Estado y el presidente del Poder Judicial hicieron en ese sentido. Después leí los comentarios de lectores en las ediciones digitales de diarios de Cataluña y resultaron descorazonadores. Esos comentarios tienen la importancia que tienen, muy poca, pero muestran peligrosísimos estados de opinión: hay sectores de la sociedad que defienden que no hay que obedecer leyes que desconocen la realidad de Cataluña; no hay por qué acatar una sentencia —la del juicio del procés— que esos escribidores y quienes los inspiran ya han calificado como injusta. La simpatía y la identidad ideológica han descabalgado los más elementales principios jurídicos.
¿Y quiénes son los responsables? Quienes predican que la democracia está por encima de la ley; quienes afirman cada día que solo aceptarán una sentencia absolutoria; quienes incitan a sus bases para que respondan a la Justicia con huelgas, paralización de servicios, actos de desobediencia cívica o, como tuvo la osadía de proponer el señor Torra, con imitación de las protestas de Hong Kong, que costaron más de 1.200 millones de euros en la caída de ventas y en cancelaciones turísticas.
Al frente de todo eso no se encuentra un combatiente anticapitalista de la CUP. Se encuentra un representante del Estado. Quien alimenta el desacato es el presidente de la Generalitat. Para completar el cuadro de su insumisión manifiesta, amaga con acudir a su propio juicio el próximo día 25. Se refugiará en el inviolable Parlamento catalán, que ese día celebra debate sobre el estado de la nación. Naturalmente, de la nación catalana. Cuando llame a los ciudadanos a la desobediencia se pondrá él mismo como ejemplo de máximo desobediente. Y si eso le cuesta una inhabilitación, alcanzará la categoría de perseguido. Bien es cierto que el Tribunal Superior de Cataluña pudo tener el detalle de no convocarle el día de ese debate. Pero eso no cambia el diagnóstico: pobre país aquel donde hay que recordar cada día que existe la ley. Y pobre país aquel donde el incumplimiento se ha convertido en norma. Y lo peor: en norma honorable.