En la crisis política nacional que ahora ocupa todas las portadas (la derivada de la negativa del Ejecutivo a pagar a las comunidades los fondos que les adeuda por anticipos a cuenta y cambios en el IVA) el Gobierno, como habitualmente desde la llegada de Sánchez -censura mediante- a la Moncloa, actúa con una deslealtad institucional inconcebible en quien debe defender los intereses generales.
Entre ellos destacan los que, en coordinación con el Estado, han de gestionar sus comunidades, cuyas competencias son muy amplias en dos esferas básicas del gasto público social: sanidad y educación. Por eso y como, con tono más o menos elevado, según su color político, subrayan los presidentes regionales, la decisión del Gobierno está ya traduciéndose en recortes, que serían draconianos si hubiera nuevas elecciones en noviembre.
Resulta así alucinante, aunque clarificador, que el Gobierno de los viernes sociales permanezca impertérrito ante la posibilidad de que las comunidades tengan que acometer recortes brutales de sus gastos por una decisión que, con una clara intencionalidad política -forzar espuriamente a los partidos a cambiar su posición sobre la investidura- se basa en argumentos cuando menos discutibles.
Dos maneja la ministra de Hacienda, a partir de un informe de la Abogacía del Estado que -durante semanas una mera invención- se hizo realidad hace tres días ante la presión opositora: que desbloquear los fondos comprometería la capacidad de gasto del futuro Ejecutivo; y que un gobierno en funciones debe limitarse, por ley, al despacho ordinario de los asuntos públicos.
El primer argumento resulta pasmoso en boca de un Gobierno que, convocadas ya las elecciones, aprobó, en los citados viernes sociales, un buen número de decretos-leyes que condicionarán, ¡y de que forma!, los gastos del Estado en una medida igual o mayor que los fondos regionales que bloquea el ejecutivo. En cuanto a su capacidad jurídica para adoptar tal decisión, aunque es cierto que la ley del Gobierno obliga al que está en funciones «al despacho ordinario de los asuntos públicos», la propia norma añade que debe «abstenerse de adoptar cualesquiera otras medidas», salvo «casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique». Parece evidente que en estos momentos estamos en un claro caso de urgencia que afecta al interés general.
Pero la prueba definitiva de la deslealtad del Gobierno hacia las comunidades figura en el propio informe de la Abogacía del Estado, cuando aclara que no entra en «el concreto examen del instrumento o vehículo jurídico formal [para el pago de las entregas] por ser esta una cuestión que no ha sido objeto de la consulta». Y no lo ha sido porque el Gobierno, en un claro ajuste de cuentas con la oposición, no está buscando la vía para solucionar un problema, sino manipulándolo de un modo torticero para favorecer su investidura a cualquier precio.