Los últimos informes sobre las prospectivas de futuro se basan, de nuevo, en el análisis VUCA. Esto es, se fundamentan en la combinación de cuatro elementos: vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Dichas premisas están recogidas de antiguos informes de la Armada norteamericana y, recientemente, fueron adaptados por sus mejores universidades. Se trata de poder definir los entornos bajo modelos que permitan simultanear varios fines, pero con una misma base lógica y consistente. De esta manera, se apuesta por dinámicas de integración regionales pero admitiendo procesos de liberalización comercial y ciertos umbrales de proteccionismo. Se fundamenta en objetivos de sistemas de mercado, pero se exigen cortapisas en la desregulación de los mercados. Se difunden las tecnologías, pero se advierte de los procesos de deslocalización, re-territorialización y dependencia. Se admite la homogeneización sociocultural y, al mismo tiempo, se fomenta la singularidad territorial y los sistemas educativos propios.
Pero donde hay más acuerdo y donde la argumentación es más firme es en lo referente a los marcos naturales, físicos y en lo ecológico. Aquí, se fomenta la accesibilidad y la asignación de usos de recursos; siendo cada vez mayor la sensibilidad hacia modelos medio-ambientalistas que exigen fuertes regulaciones y acuerdos internacionales. Es decir, la toma de conciencia a favor de los recursos naturales y las acciones en favor de la sostenibilidad son cada vez más intensas, exigentes y rigurosas.
Naciones Unidas aprobó, en el 2015, los Objetivos del Milenio. Se definieron 17 objetivos con 169 metas. Pretenden ser un instrumento para la lucha a favor del desarrollo humano sostenible en todo el planeta. Abarcan objetivos que van desde erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos; garantizar una educación inclusiva, lograr la igualdad de género, garantizar el acceso a energía sostenible, conservar e utilizar sosteniblemente los océanos y los mares, proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y promover sociedades pacíficas. Sus recomendaciones más reseñables comprenden tres aspectos: a) son metas universales; b) pretenden no dejar a nadie atrás; y c) fomentan la igualdad, evitado la discriminación y las brechas diferenciales.
Recientemente, el Observatorio de la Sostenibilidad hizo público los resultados de las 17 comunidades autónomas españolas a través de 200 indicadores. España está en situación desventajosa dentro de la UE y a nivel mundial; no alcanzando un grado de cumplimiento elevado. Del mismo modo, no todas las comunidades avanzan a un mismo ritmo hacia los presupuestos de la Agenda 2030, existiendo una enorme heterogeneidad entre las regiones españolas.
Galicia muestra un panorama sombrío, nada optimista. El 47 % de los objetivos se sitúan con notas de muy mejorables y mejorables; esto es, muy por debajo de los promedios. Solo el 29 % de los objetivos están situados en la zona de aceptables y buenos. Si desagregamos los objetivos, podemos decir que los suspensos los llevamos en nutrición; economía circular; ecosistemas terrestres; paz y justicia; cooperación; sanidad; infraestructuras e I+D; y en las áreas urbanas que describen situaciones de déficits en lo que se considera inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Por el contrario, los aspectos en los que destacamos abarcan las cuestiones referidas al agua, los ecosistemas marinos y la desigualdad.
En suma, tenemos varias asignaturas pendientes y no debemos dejarlas para septiembre. La respuesta ha de ser conjunta, aunque cada uno tiene sus responsabilidades diferenciadas.