Poco después de las 10 de la mañana de ayer, uno de los jueces más mediáticos decía en una tertulia de televisión que la sentencia del Tribunal Supremo sobre los recursos de casación presentados por la Fiscalía y la defensa de la Manada tardaría más de un mes. Lo más probable era que la conoceríamos después de las vacaciones, en septiembre. El fallo lo conocimos cinco horas después. Por lo que sea, porque los magistrados ya habían estudiado previamente los recursos o porque tenían las ideas muy claras, la Justicia funcionó con admirable rapidez, sorprendente incluso para sus profesionales. Ya sabemos todos que una Justicia lenta no es Justicia.
En la misma tertulia y otras se dijo que en los tribunales no había mujeres que pudiesen aplicar las leyes con sensibilidad femenina, pero después supimos que tres de los jueces son grandes expertos en violencia machista. A lo largo de toda la mañana se pronosticó que la decisión del Supremo sería confirmar las sentencias previas y recurridas de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Navarra. Para ello se adujeron los argumentos más dispares, todos ellos convincentes. Pero no acertaron. Los magistrados admitieron que hubo delito de agresión sexual, echaron por tierra el vergonzante voto particular de un juez de Pamplona que había visto poco menos que una orgía sexual consentida y condenaron a los procesados a quince años de prisión. Los cinco están ya en la cárcel por riesgo de fuga.
Se cierra así uno de los episodios más lamentables de violencia sobre la mujer. Salvo recurso de la defensa al Tribunal Constitucional -buscado, en vistas de la argumentación de que no fue un juicio justo y los jueces estaban contaminados por la presión social-, cuando se publique la sentencia tendremos jurisprudencia para futuros episodios, que buena falta nos hace, porque los abusos y las agresiones sexuales en grupo se repiten tristemente en la información como si se tratara de un delito contagioso.
Y algo que me parece muy sugestivo: este caso supuso el funcionamiento de dos justicias, la popular, de la opinión pública, rayana en el juicio paralelo, y la oficial de los tribunales navarros. La popular condenó a los agresores desde el principio, aunque no vio las pruebas porque el juicio se celebró a puerta cerrada. Nunca tuvo duda de que existía agresión sexual por la indefensión de la víctima, acorralada por cinco individuos dominantes en un espacio pequeño y cerrado. España se llenó de carteles que decían a la chica: «Yo sí te creo». Y los foros fueron ocupados por personas que denunciaban la existencia de una Justicia machista. Pues bien: si el Supremo es la voz indiscutible de la ley, esta vez ganó la justicia popular.