Como en cualquier crisis, el actual conflicto de la atención primaria debe de llevar a plantearnos dos preguntas: ¿quiénes somos realmente? y ¿quiénes queremos ser en el futuro?
Para analizar la primera cuestión hemos de considerar que la situación actual viene fundamentada en dos pilares: inaccesibilidad a la atención hospitalaria y establecimiento y utilización de contratos deficientes e inmorales.
La revolución digital y una gestión inmoral de sus productos ha permitido y propiciado que la telemedicina se convierta en el eje absoluto vertebrador de nuestro trabajo diario, de tal modo que ha comportado una deshumanización de la propia atención sanitaria. La tecnología explotada industrialmente, sustentada en el progreso científico y tecnológico, sin el adecuado componente moral que posibilite una verdadera justicia social, genera autodestrucción. En nuestro caso supuso, en cierta medida, un fracaso de la atención sanitaria por cuanto ocasionó un deterioro en la igualdad de oportunidades, entendida esta como un escenario ideal en el que no se excluye a nadie de la posibilidad de recibir una atención en función de sus necesidades y circunstancias.
Por otra parte, la deficiencia e inmoralidad empleadas en el establecimiento de los contratos de los profesionales sanitarios (incluido el nuevo contrato estrella, cuya aceptabilidad apenas supera el 10 %) se traduce en una explotación laboral de los propios profesionales, formados en un contexto de progreso tecnológico y científico. Y es una explotación porque implica un deterioro en su dignidad personal y profesional. Es necesario, por tanto, una reconsideración de esta determinación, con la creación de unas condiciones justas de trabajo que redundarían en una mejoría en la dotación de personal, con la consiguiente supresión de la falacia «paro cero».
Para responder a la segunda pregunta sería indispensable evitar una visión exclusivamente materialista, gestionada de manera tecnocrática, que nos conduce al posthumanismo. Para ello sería preciso un rearme moral en los gestores de la atención sanitaria, de forma que su toma de decisiones nos llevase a un escenario de verdadera justicia social, en el que se verificase la igualdad de oportunidades, plasmada en una minimización del riesgo sanitario.