Dos expertos analizan la polémica por las diferencias entre las pruebas para acceder a la universidad dependiendo de la región en que se realizan
En las pruebas de acceso a la universidad de este año han resonado con más fuerza que nunca las críticas por la diferente forma de calificar los exámenes en cada comunidad autónoma. Algunos expertos creen que para garantizar la igualdad el Estado debería asumir una prueba única e igual para toda España, mientras que otros creen que la polémica se ha magnificado y no hay tantas diferencias entre los exámenes que se hacen en Galicia y los de otras regiones.
La selectividad española y el trato justo
Hace ya algunos años que, en su preceptivo Informe sobre el Estado del Sistema Educativo, el Consejo Escolar del Estado venía señalando las considerables diferencias que presentaban las distintas universidades españolas en cuanto a las tasas de aprobados en las pruebas de selectividad. Un análisis por comunidades autónomas mostraba distancias que llegaban a superar los 20 puntos porcentuales.
La EVAU -antes selectividad- constituye una prueba académica cuyos resultados no solo condicionan notablemente las opciones profesionales de los alumnos, sino que pueden afectar de forma directa y lesiva a las economías familiares. Estamos pues ante una circunstancia que exige la máxima garantía de igualdad de trato, sea cual fuere el lugar de residencia de los estudiantes. Y esa garantía, que trasciende los territorios para referirse al conjunto de España, compete ejercerla al Estado. Así lo han entendido otros países europeos en los cuales existe, desde hace décadas, una prueba estatal de finalización de la educación secundaria superior que permite el acceso al correspondiente título y habilita para el ingreso en la universidad. Tal es el caso de Francia con el BAC, de Italia con la Maturità o de Alemania con el Abitur.
Por esa vía, el sistema español ha sustraído al Estado la competencia constitucional de regulación de la obtención de títulos o le ha restado su plena efectividad, toda vez que lo que opera realmente como tal es, en buena medida, el disponer de la llave para ingresar en la formación universitaria. Con ella se abren las primeras pero decisivas puertas de acceso a una profesión y es la prueba de la EVAU, ampliamente descentralizada, quien la proporciona. Este procedimiento deja expedito el camino a las injusticias derivadas de unas pruebas diferentes, con niveles de dificultad no homologados y criterios de evaluación autónomos que explican, en parte, esos resultados tan diversos.
Es cierto que, de conformidad con los datos de que disponemos, Galicia es una de las comunidades autónomas más afectada por ese trato desigual, pero el problema concierne a los derechos individuales de los ciudadanos de toda España en un ámbito tan sensible en el plano constitucional como es el de la educación. Imitar a nuestros socios europeos sería la solución.
La EVAU es una cuestión de datos, no de emociones
Dentro de pocos días, casi 300.000 alumnos habrán terminado sus pruebas de acceso a la universidad. Acceder a la educación superior es el deseo legítimo de miles de jóvenes que ven en la universidad el camino para realizar sus vocaciones, convertirse en ciudadanos críticos o encontrar empleos de mayor calidad. Llevan dos años preparándose y es comprensible que cualquier variación de sus expectativas provoque fuertes reacciones. Por ese motivo, porque hablamos de aspiraciones que pueden verse truncadas por décimas y porque hablamos de titulaciones muy concretas, como es el caso de Medicina, estas líneas deberían escribirse en septiembre, cuando se confirme que más del 90 % de los estudiantes superan la EVAU. No con los estudiantes examinándose aún.
Las distintas tasas de rendimiento no se explican porque unas comunidades hayan ayudado a su alumnado con pruebas más fáciles. Si en lugar de regiones comparásemos ciudades con un mismo examen, veríamos que las diferencias responden realmente a los condicionantes socioeconómicos. Son estos los que afectan de lleno a la equidad y más deberían preocuparnos. Y así lo señalamos el pasado 5 de junio en un comunicado de Crue Universidades Españolas en el que subrayábamos que la EVAU ofrece suficientes garantías de objetividad. Me gustaría repetir ese mensaje de tranquilidad y recordar que esta prueba supone el 40 % de la nota de acceso a la universidad, frente al 60 % del bachillerato.
El foco está puesto en los alumnos que acceden y cualquier diferencia se amplifica hasta convertirla en desigualdad. Pero si nos fijásemos en la fotografía de los que finalizan su grado, entonces veríamos que en absoluto hay estudiantes de una comunidad que destaquen por encima de los de otras. Es posible que en las evaluaciones que realiza la OCDE sea así. Pero PISA se refiere a alumnos de 3º de la ESO, a los que aún les queda un curso para acabar la etapa obligatoria y dos de bachillerato para acceder a la universidad… si deciden hacerlo. No son datos comparables.
Los rectores y rectoras estamos totalmente comprometidos con la igualdad de oportunidades. En este aspecto, hay unanimidad. Otra cosa es el debate sobre si una prueba única sería más eficiente que diecisiete y legalmente posible en nuestro sistema autonómico. Como rector de la Universidad de Córdoba puedo garantizar que la prueba cumple con su objetivo y como presidente de Crue Universidades Españolas, insistir en que estamos dispuestos a estudiar en profundidad el procedimiento de acceso a la universidad para trasladar al Gobierno una propuesta que garantice, aún más, la equidad. Pero como ciudadano exijo que, si se decide cambiar el modelo, se haga desde un gran consenso y tras un riguroso análisis. Lo mejor no debe ser enemigo de lo bueno.
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