Con un cinismo inaguantable, los procesados en el juicio que quedó visto para sentencia hace dos días insistieron en exigir que lo que llaman «el problema catalán» vuelva a los cauces de la política, de los que, creen, nunca debería haber salido. Aunque tienen en ello toda la razón, mienten sin pudor al proclamar que ha sido el Estado español el que ha llevado al terreno judicial aquel problema, como lo hacen cuando afirman, con idéntica desvergüenza, que el juicio del procés no servirá para darle solución.
Dado que no son pocos quienes, dentro y fuera de Cataluña, compran esas trampas de tahúr, resulta una exigencia de pura salud pública sacarlas a la luz para proteger la buena fe de los incautos y denunciar la mala fe de los que propalan los burdos engaños del secesionismo a sabiendas de que carecen de todo fundamento.
Quien trasladó la exigencia independentista del terreno de la política a la esfera judicial no fue nuestro Estado democrático, que se ha limitado a cumplir con su deber frente a las presuntas violaciones del Código Penal, sino los que, tras aprobar normas inconstitucionales, convocaron un referendo ilegal, lo llevaron a cabo pese a su clara prohibición y acabaron por proclamar una república catalana independiente. No es, tampoco, verdad que hicieran todo eso para responder a las exigencias del pueblo: muy por el contrario, los insurrectos metieron a sabiendas a un pueblo manipulado brutalmente en un callejón que en un Estado de derecho no tenía más salida que un proceso judicial.
¡Y qué decir del sofisma de que el juicio contra Junqueras y compañía no resolverá el problema catalán! Pues dos cosas, ambas de una obviedad apabullante: primera, que, al igual que cuando se juzga a un ladrón no pretende hacerse frente al problema del desigual reparto de la propiedad, tampoco el juicio al procés trata de resolver el llamado problema catalán: en un caso y en el otro la persecución de los delitos es una exigencia del imperio de la ley que rige en los Estados de derecho, principio civilizatorio irrenunciable que no permite dejar impunes presuntos actos delictivos basándose en supuestas razones de oportunidad política.
Pero es que, además, y por si ello no fuera suficiente, si hay alguna posibilidad de que el enfrentamiento que hoy existe en Cataluña entre separatistas y constitucionalistas no acabe en una dictadura de los primeros sobre los segundos, esa es asegurar que ni el Estado permitirá la violación de las leyes, ni consentirá la impunidad de quienes creen tenerla amparados en un identitarismo supremacista, que solo puede acabar en un desastre social devastador.
De hecho, fue la tan estúpida como errada convicción de que el Estado no reaccionaría, como es su deber, frente a la insurrección secesionista, la que llevó a sus líderes a un proceso penal que no ha sido otra cosa, con el permiso de Godard, que el final de su escapada.