El «caso Oriol», visto para sentencia


Concluyó el juicio del procés. Alguien poco informado podría pensar que ya solo falta la sentencia. La que debe dilucidar si los procesados perpetraron un golpe de Estado y cometieron un delito de rebelión, como sostiene la fiscalía. O si hay que rebajar un grado la tipificación del delito y considerarlo sedición, como propone la abogacía del Estado. O si los reos son culpables únicamente de desobediencia y malversación, como admite parte de la defensa. En todo caso, la pena más severa, salvo improbable absolución, recaerá sobre Oriol Junqueras, diputado suspendido y, desde el 26 de mayo, eurodiputado electo.

Y aquí reside el quid del problema. Antes de emitir su fallo, el Tribunal Supremo deberá decidir si permite o no que Junqueras prometa la Constitución ante la Junta Electoral Central y tome posesión de su escaño en Estrasburgo. Si se niega, como pide la fiscalía, vulnera un derecho fundamental del acusado: su derecho de sufragio pasivo, el mismo al que se acogió para ser candidato. El Supremo cometería, en palabras del jurista Pérez Royo, «una prevaricación de libro». Si lo permite, como solicita la abogacía del Estado, el líder independentista gozaría de inmunidad, tendría que ser puesto en libertad y el proceso penal -y la sentencia- quedaría paralizado hasta que, previa petición de un suplicatorio, lo autorizase el Parlamento europeo. El Supremo tiene en la boca no una patata caliente, sino una patata envenenada e indigesta.

De aquellos polvos, estos lodos. Porque fue el Tribunal Supremo quien tapió la salida del callejón cuando Junqueras fue elegido diputado. El alto tribunal tomó entonces varias decisiones incongruentes: acordó que no era necesario pedir el suplicatorio a las Cortes, reconoció el derecho del dirigente catalán a tomar posesión como diputado, estimó que no podía suspenderlo con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y pasó el embolado al poder legislativo para que lo suspendiera en aplicación del reglamento del Congreso. La chapuza jurídica la completó la Mesa de la Cámara baja: suspendió en sus funciones a Junqueras y otros tres diputados, pero no por el reglamento, sino por aplicación del artículo 384.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Supremo había descartado.

Todo un disparate que intenté describir en mi quilla del 25 de mayo, que (permítame por una vez, señor director, la autocita) terminaba así: «La suspensión se ha consumado a la manera española. Aunque sospecho que a esta historia le falta el epílogo. Este se escribirá si, como parece probable, Oriol Junqueras sale elegido eurodiputado el domingo. Tengo una enorme curiosidad por saber qué hará entonces el Supremo». Pues bien, la hora de saciar mi curiosidad ha llegado: el próximo día 17 juran los eurodiputados y el 2 de julio se constituye el Parlamento europeo. Y se admiten apuestas sobre el epílogo: ¿veremos a Junqueras en libertad, amparado por la inmunidad parlamentaria, o veremos al eurodiputado privado del derecho que el alto tribunal le reconocía al diputado? Todo con Europa de testigo.

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