Tener noticias, luego de la mayoría absoluta de Bolsonaro en Brasil, de posibles enredos entre un juez y los fiscales de la operación Lava Jatto para impedir que Lula se presentara como candidato a la presidencia de Brasil, dado su enredo judicial y condena por una operación de tráfico de influencias, obviamente ya no sorprende. En otros países es la trama rusa del entorno de Donald Trump la que se alarga en un proceso de fiscalía y congreso interminables.
No sorprende porque en los últimos -y ya muchos- años asistimos a procesos judiciales donde el tráfico de influencias entre políticos y supuestos hombres de negocios invade la vida cotidiana. Y todo ello con procesos judiciales y sentencias firmes para todo gusto y condición. En cualquier caso, siempre caracterizados por un excesivo tiempo de resolución, si ya la hubiere.
Si la condena a Lula por el tríplex de Curitiba le impidió ser candidato, aquí en Galicia hubo operaciones judiciales que arrasaron la vida política de alcaldes y concejales y otros cargos públicos en procesos todavía no juzgados. El terremoto provocado en la política gallega por las imputaciones, con detenciones por medio, derivadas entre otras de la operación Pokemon en el año 2011 supuso una auténtica convulsión en la política y el poder municipal de entonces. Ocho años después, con actuaciones judiciales sobreseídas, y un proceso de revisión de las actuaciones judiciales por el Consejo del Poder Judicial, el panorama y sobre todo los actores políticos se han transformado. Otras actuaciones fiscales, particularmente en Ourense, han sido objeto de revisión por la Fiscalía General, pero los políticos afectados fueron también descarrilados de su actividad política.
Nadie duda del necesario control de la Justicia sobre cualquier posible indicio delictivo, tanto más si este se produce en la esfera de lo público y con posibles implicados por su actividad política, pero sorprende que ocho años después de iniciados los procedimientos judiciales quede un reguero de alcaldes, concejales y otros cargos públicos apartados y cuestionados, pero todos ellos sin juzgar.
Ocho años en política son muchas vidas. Sin embargo, el tsunami provocado por algunos macro procesos en la vida municipal de Galicia debería alertarnos de que las negociaciones para articular nuevos gobiernos, en particular cuando se precisa el entendimiento entre los distantes, como es el caso paradigmático de Ourense capital y provincia, deberían contemplar en primer lugar consensos de buen gobierno entre las fuerzas políticas que los formalicen, para evitar de nuevo actuaciones judiciales estelares que paralizan la acción de gobierno, voltean lo que otorgó el voto y ponen una vez más en cuestión el gobierno de lo público. A veces con razón y otras sin ella, porque las pasiones, los intereses e incluso los espejismos también pueden nublar el entendimiento y el proceder de jueces y fiscales, aunque no lo parezca.