Okupas exprés en los juzgados


Tras producirse en los últimos años un considerable número de desahucios de personas y familias en sobrevenida situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial, han proliferado también, sin que exista relación alguna con situaciones de extrema necesidad, fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, que, aprovechando de forma muy reprobable la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, se amparan en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, que pocas veces responden a la extrema necesidad.

Con la entrada en vigor el 2 de julio del 2018 de la nueva Ley 5/2018, de 11 de junio, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, se pretendió dar una respuesta ágil y efectiva al problema derivado del denominado fenómeno okupa y el consiguiente desalojo por la fuerza del ocupante de la vivienda ocupada ilegalmente.

Gracias a la nueva ley, que pronto cumplirá un año, notamos una mejoría con respecto a los plazos anteriores, donde llegaban a demorarse los desalojos hasta dos años. Aunque el objetivo de la misma es reducir los plazos de recuperación de la propiedad en un mes aproximadamente, y del gran avance como es la medida cautelar rápida, donde el ocupante debe acreditar en un plazo de cinco días la existencia de título jurídico de la casa y, en caso de no acreditarlo, el juez autoriza el desahucio estableciendo un día y hora para que se ejecute; no en todos los casos se cumplen dichos plazos, pues, dependiendo de la carga de trabajo de los diferentes juzgados, este proceso puede llegar a demorarse unos seis meses.

Por lo que la ley de desahucios exprés de okupas está siendo un buen aliado para los legítimos propietarios en comparación con la anterior normativa, donde los procesos eran tan largos y poco efectivos que llegaban a ser un auténtico viacrucis para los afectados. Ahora, cuando ya se han agilizado los procesos de recuperación, el talón de Aquiles para esta joven ley y sus afectados sigue siendo la gran carga de trabajo que afecta a la mayoría de los juzgados, donde el colapso alcanza a la práctica totalidad de los de primera instancia. Mientras esto continúe, a la ley, aunque ha mejorado el problema, le llevará tiempo erradicarlo.

Por Marina Santos Pena Abogada experta en Derecho Civil

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