Desde las cero horas del día 12 de abril hasta la cero horas de mañana, 27 de mayo, han transcurrido 45 días, de los cuales treinta ha sido de campaña electoral y muchos más -antes y entre esas fechas- de campaña disfrazada de eso que hemos dado en llamar cínicamente precampaña. Nunca, desde 1977, habíamos vivido tal maratón de elecciones, que se ha traducido ya en la renovación de las Cortes y el parlamento valenciano, y dará lugar en las próximas semanas a la de 12 parlamentos regionales, las corporaciones locales, las diputaciones provinciales y cabildos insulares y nuestra representación en el parlamento de la UE.
A toro pasado, tiene ya poco sentido discutir si hubiera resultado o no mejor convocar en una misma fecha todos los comicios, aunque sería coherente con la ahora tan predicada transparencia que pudiésemos conocer con precisión el coste exacto, en euros contantes y sonantes, de la decisión presidencial de separar las elecciones.
Por lo demás, mantener a un país en campaña (o precampaña, que para el caso viene a ser lo mismo) durante no menos de 100 días (como poco desde el 15 de febrero, cuando Pedro Sánchez anunció la disolución anticipada de las Cortes) ha tenido consecuencias que van mucho más allá de un indudable dispendio de dinero. La celebración hoy de elecciones municipales, europeas y autonómicas dejó en suspenso ¡durante un mes! las negociaciones para la formación del Gobierno, pues, como era previsible, los partidos que se verán en ellas implicados no han querido que los acuerdos que pudieran cerrar a ese respecto fueran utilizados por sus adversarios como arma electoral.
El escenario que se abrirá a partir de mañana, con un sistema de partidos que según todas los sondeos se complicará aún mucho más en las esferas local, provincial y regional será sencillamente endemoniado, pues todos los pactos a los que con casi total seguridad tendrán que llegar nuestros partidos para formar gobiernos en los tres ámbitos citados acabarán entrando inevitablemente en un paquete que se parecerá mucho a aquel Cubo de Rubik en el que lo que se colocaba por una de sus caras se descolaba de inmediato por las otras.
La cuestión central que plantea todo ello es, obviamente, la de si un país entero, donde los poderes públicos tienen competencias esenciales para la vida de los ciudadanos, puede permitirse el lujo de quienes dirigen sus ejecutivos (nacional y regionales, provinciales y locales) condicionen durante meses y meses su labor a las exigencias del ciclo electoral, que, según numerosos estudios, tiene efectos perversos conocidos: el abandono de la gestión ordinaria, el aumento muy frecuentemente injustificado de los gastos, el estímulo de la confrontación y la práctica desaparición de los consensos. Porque los parados, los inversores, los mercados, las empresas y la economía general siguen estando ahí aunque a nadie parezca ahora preocuparle.