Todo empieza siempre por no atender la advertencia de Maquiavelo, formulada hace ya cinco siglos. «El que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra». Eso es lo que no entienden quienes minimizan el hecho de que cada gesto de desprecio a la democracia y de desacato al Estado de derecho que se les consiente, en aras de lo que Borrell denomina «la política del ibuprofeno», es en realidad un terreno ya ganado por los independentistas que conduce a un desafío cada vez mayor. Si fue posible que en Cataluña se celebrara un referendo ilegal fue porque nadie actuó con prontitud y contundencia para impedir que el Parlamento catalán tramitara en septiembre del 2017 las aberrantes leyes de desconexión con el Estado, que se situaban expresamente por encima de la Constitución.
«Por una Constitución que no respeto y que no pienso cumplir, sí, prometo». Los defensores de la teoría de que cualquier formula de acatamiento de la Carta Magna que incluya la expresión «sí, prometo» es válida tendrán que admitir que su tesis daría por buena la esperpéntica formulación anterior. Y lo que hicieron algunos diputados independentistas en el Congreso no difiere en nada de este absurdo. Una cosa es decir una imbecilidad, como que se acata la Constitución «por imperativo legal», porque como ya les ha explicado el juez Marchena a los secesionistas todo lo que ocurre en un Estado de derecho es por imperativo legal, y otra aprovechar el requisito de acatar la Constitución para ciscarse en ella, diciendo que «desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal, sí prometo». Más allá de que sorprenda que el devoto Junqueras de misa diaria prometa en lugar de jurar, acatar la Constitución «como preso político» indica obviamente que no la ha acatado, porque en España no existen presos políticos.
Pero lo peor de todo es comprobar que en solo dos días el Congreso ha caído ya en todas las trampas de los secesionistas y corre el riesgo de acabar convertido en un circo como el que estos han levantado en el Parlamento catalán. Estamos todos pendientes de las tretas habituales de los separatistas, alterando a su antojo las mayorías jugando con el reglamento mediante argucias como esperar al momento más propicio para renunciar al escaño o apelar a la Constitución que denigran cada día para dilatar el tiempo y obligar a la Justicia a pronunciarse sobre cada una de sus artimañas. Aún no hemos arrancado y estamos a un paso de que el Congreso se convierta en una réplica del envilecido Parlamento catalán. Y de que, si nadie lo impide suspendiendo de inmediato a los diputados presos como establece inequívocamente la ley, en lugar de pasarse esa patata entre el Congreso y el Supremo, el independentismo consiga su recochineo final, que no es otro que enviar a las consultas con el rey a Jórdi Sànchez y a Oriol Junqueras. Una foto que supondría el dramático triunfo del separatismo sobre una democracia mojigata que prefirió tolerar el desorden a imponer la ley.