Visto el resultado de las últimas elecciones generales, es más que probable la reproducción del anterior Gobierno, impulsor del proyecto del nuevo Reglamento General de Costas. Ello hace inevitable pensar que en los próximos meses el texto legal verá la luz. Si es así, no solo la factoría de Ence está amenazada, sino que la acuicultura y hostelería gallega también podrían estarlo.
Este reglamento incorpora, como principal novedad, la limitación de la duración de las concesiones en dominio público marítimo terrestre a 75 años, incluidas las prórrogas. Ello, sumado a que esta regulación se aplicará con efecto retroactivo, hará que todas aquellas concesiones existentes antes de su entrada en vigor, que se hayan excedido de 75 años de duración, entre el período inicial y sus prórrogas, estarán automáticamente en situación ilegal. Y todas aquellas que hubieran obtenido una prórroga que implique exceder los 75 años de uso, no podrán disfrutarla. Deberán abandonar el dominio público marítimo terrestre al cumplirse los 75 años de uso o explotación.
Estas medidas, que vendrá a introducir el nuevo reglamento, no solo ponen en peligro los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, que genera Ence en Galicia, sino que todas aquellas industrias que radican en dominio público marítimo terrestre se verán también amenazadas. Entre ellas hay algunas tan importantes para Galicia como las representativas de la conservera, la acuicultura, depuradoras o cocederos. Solo en acuicultura existen más de 1.500 concesiones de parques de cultivo de almeja y más de 3.500 concesiones de bateas de mejillones cuya validez podría verse comprometida. Igual sucede con las más de 5.000 edificaciones que en Galicia ocupan dominio público marítimo terrestre, muchas de las cuales están dedicadas a hostelería.
La norma se encuentra en proceso de información pública y todos los perjudicados e interesados pueden hacer alegaciones contra su articulado, lo que puede terminar variando su contenido final.
En todo caso, viendo los efectos que esta nueva norma puede tener, no solo en Galicia sino a nivel nacional, con miles de concesiones y edificaciones afectadas, sabemos lo que podemos perder con su entrada en vigor. ¿Alguien sabe lo que ganamos?