El país atraviesa por una situación convulsa que muchas voces arreglarían con un golpe, pero ¿es la solución?
José Julio Fernández Rodríguez, Director del Centro de Estudios de Seguridad (CESEG) de la Universidade de Santiago de Compostela, claramente es contrario a una intervención como solución a la crisis política y social que arrastra a Venezuela al borde del abismo. Su receta pasa por intensificar los esfuerzos diplomáticos para convencer a los principales aliados de Maduro, léase Rusia, China y Cuba, de que es momento de convocar elecciones libres.
Tampoco el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo aboga por una intervención militar como solución, pues el riesgo de enfrentamiento civil es demasiado alto. En su lugar, diálogo entre Maduro y la oposición, con la intermediación de España, para llevar a cabo una transición política ordenada.
Venezuela, el coste de no hacer nada
En la cumbre mundial del 2005, los dirigentes de los países miembros de las Naciones Unidas asumieron la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos contra el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad. La responsabilidad de proteger se asienta en tres pilares: el primer responsable de garantizar la seguridad de sus ciudadanos es el Estado del que forman parte; los demás estados deben ayudar al país en cuestión a cumplir con esta responsabilidad; la comunidad internacional debe intervenir cuando un Estado no quiera o no pueda cumplir con su deber de proteger. La intervención armada es el último recurso, pero no debe desecharse cuando todos los demás hayan fracasado. Lo explicó muy bien Boutros-Ghali, el secretario general de las Naciones Unidas: «La acción internacional debe plantearse cuando los Estados se revelan indignos de su misión, cuando contravienen los principios fundamentales de la Carta y cuando en vez de ser protectores de las personas, se convierten en sus verdugos».
Por desgracia, hoy día, la responsabilidad de proteger no pasa de ser un compromiso moral, un compromiso político, que no se ha plasmado en un principio legal obligatorio. Esta es la primera dificultad para que haya una intervención exterior en Venezuela. La segunda es que para que este principio se traduzca en acciones concretas debe pronunciarse el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un organismo en que los miembros permanentes tienen derecho de veto.
¿Qué pasa en Venezuela? Es obvio que en Venezuela las autoridades de facto -el régimen chavista- no protegen a sus ciudadanos, que son perseguidos, encarcelados o condenados a la inanición. Es obvio, también, que Rusia y China van a vetar cualquier acción de la comunidad internacional dirigida a acabar por la fuerza con estos abusos. Eso es claro. Pero hay un hecho que es inédito en Venezuela, que no se ha producido jamás: Maduro es un presidente ilegítimo y Juan Guaidó es el presidente de iure y, como tal, ha sido reconocido por más de 50 países de todo el mundo. ¿Qué ocurriría si fuese Guaidó y la Asamblea Nacional los que pidiesen una intervención armada extranjera? ¿Sería esta intervención legítima aunque no hubiese pasado por el filtro del Consejo de Seguridad? ¿Bastaría que fuese aprobada por la Asamblea General? ¿Sería suficiente el respaldo de la OEA o de otro organismo regional?
Pero una cosa es la ley y otra, la oportunidad política. Y lo más importante ahora es evitar que una intervención exterior armada se traduzca en un conflicto civil de incalculables consecuencias. Por eso, creo que no debe recurrirse al uso de la fuerza mientras haya una esperanza de resolver la cuestión por otros medios. Creo que el grupo de contacto internacional -formado por doce países europeos y latinoamericanos para buscar una salida pacífica- debe esforzarse en conseguir que chavistas y oposición se sienten en una mesa para abordar las cuestiones siguientes: un gobierno de transición nacional; la reforma de los poderes judiciales y electorales, hoy simples marionetas de Maduro, para garantizar su neutralidad; la convocatoria urgente de elecciones presidenciales y legislativas a celebrar bajo una misión de observación internacional que garantice la limpieza del proceso, y un plan de emergencia nacional para atajar la crisis humanitaria que hoy sufre el país.
España, el mejor embajador de América Latina en Bruselas y el interlocutor de la Unión Europea al otro lado del Atlántico, tiene que jugar aquí un papel importante. Si fracasara la operación elecciones sería el momento de estudiar otras alternativas, incluido el uso de la fuerza. «No hay ningún principio jurídico, ni siquiera la soberanía, que pueda invocarse para proteger a los autores de crímenes de lesa humanidad. La intervención armada debe seguir siendo el último recurso, pero es una opción que no debe desecharse» (Kofi Annan, secretario general de la ONU).
Lo que no es alternativa es mirar hacia otro lado cuando el pueblo venezolano se está desangrando por momentos.
No; por ahora y mucho mejor la vía diplomática
Creo que hay que empezar por lo más importante, y explicarlo de manera resumida: una intervención militar extranjera en un país solo debe producirse de acuerdo con la legalidad internacional que regula ese tipo de cuestiones. Y no es otra que la Carta de Naciones Unidas, cuyo capítulo VII describe cómo efectuar esa intervención y en qué casos procede. Ello requiere, claro está, el acuerdo del Consejo de Seguridad, y, por tanto, disponer del apoyo de los cinco miembros permanentes que cuentan con derecho de veto (Estados Unidos, Federación Rusa, China, Reino Unido y Francia). No cabe duda de que estos cinco estados responden a la lógica de la segunda posguerra, no a la situación geoestratégica del siglo XXI, pero es la previsión que existe (habría que reformarla, pero mientras eso no se haga, hay que cumplirla). La idea de multilateralismo es correcta y debe mantenerse en todo caso.
De este modo, España podrá participar en una acción de este tipo si se activa realmente el mecanismo de la Carta. Pensar otra cosa es estar al margen de la lógica del Estado de Derecho. Si hay acuerdo en la ONU, nuestro país, que ahora no está en el Consejo de Seguridad, debería sumarse, habida cuenta de los intereses y responsabilidades asumidas con el pueblo venezolano. Pero entendemos que no debe instar en modo alguno a una acción militar en este supuesto.
Incluso cuando existió autorización de la ONU en intervenciones, el resultado en varias ocasiones no fue satisfactorio (Irak, Sudán o Somalia, aunque positivo en Timor Oriental o Liberia). El ejemplo más hiriente de hoy en día es Libia, abocada a una desastrosa inestabilidad tras la caída de Gadafi, auspiciada por la ONU, sobre todo con la resolución 1973 (del 2011) y la categoría de «responsabilidad de proteger». Para el caso de Venezuela, una intervención en un país tan grande y con fractura social estaría abocada al fracaso, es decir, no arreglaría la situación, sino más bien la empeoraría. La clave, por todo ello, no es una acción militar desde el exterior. La verdadera solución vendrá de los esfuerzos diplomáticos para que los apoyos internacionales de Maduro admitan su sustitución y la convocatoria de elecciones reales (o sea, libres, no manipuladas por el chavismo). Por lo tanto, hay que actuar diplomáticamente con Rusia, Cuba y China. O, mejor dicho, con Rusia, que es la que moverá al resto. Sin esta cobertura internacional, Maduro no aguantaría ni un día en el poder. Tal vía diplomática gana fuerza ante las fallas tácticas de Guaidó y su carencia de fuentes fiables de información.
Los halcones de Trump, que semejan de gatillo fácil, deberían pisar más las excelentes universidades de Estados Unidos, las de nivel, para empaparse de conocimiento y moderación. La mala gestión del tema de la ayuda humanitaria, que, por su politización, hizo que ni Cáritas ni la Cruz Roja intervinieran, impidió la entrada de la misma en el país. Mientras, la población de Venezuela sigue a la espera de los avances en política internacional.
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